La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se sumó ayer a los sectores que reclaman al Poder Ejecutivo observar nueva vez el proyecto de Ley de Código Penal, aprobado por el Senado sin tomar en consideración los válidos argumentos del jefe del Estado y los justos reclamos de discusión plural de la sociedad dominicana.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la entidad, afirmó que la normativa remitida por el Senado al Poder Ejecutivo no responde al trato digno que el Estado dominicano debe otorgar a sus mujeres en estas situaciones de vulnerabilidad.

Recordó que el Poder Ejecutivo devolvió dicho proyecto de ley a la Cámara de Diputados, con referencias específicas a los artículos 107,108, 109 y 110, relativos a la tipificación penal de interrupción del embarazo.
Castaños Guzmán agregó que esas observaciones son coherentes con los planteamientos hechos en el año 2014, donde se establecía que dicho Código “no indicaba en su contenido aquellas situaciones excepcionales”, y exige ineludiblemente hacer explícitos los supuestos excepcionales en que debe prevalecer el derecho fundamental a la vida de la mujer embarazada, o el derecho al respeto de su dignidad humana y de su integridad psíquica y moral, resguardándose al mismo tiempo también la seguridad jurídica de quienes tienen la obligación de brindar asistencias médicas en el caso de estos eventos excepcionales.

“Esta pieza legislativa nos coloca como uno de los 5 países en el mundo donde se criminaliza la interrupción del embarazo en todas sus modalidades, por lo que consideramos necesaria una apertura al diálogo más amplia, y que no deje de lado las legítimas aspiraciones de sectores sociales que forman parte de este y otros procesos de reforma a normativas”, dijo la Finjus a través de su vicepresidente ejecutivo.
Otras organizaciones que también reclaman al Presidente de la República objetar el mencionado proyecto de Código son Profamilia, la Sociedad Dominicana de Ginecología; Asociación de Clínicas Privadas e igualmente la Oxfam.