La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) solicitó al Congreso Nacional la aprobación, con niveles de prioridad, de los proyectos de ley sobre Protección de Testigos y Víctimas; sobre Juicios de Extensión de Dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, las reformas a los códigos Civil y de Procedimiento Civil, la enmienda a la Ley del Notariado, y de la Ley que crea el Sistema Integral de Erradicación de la Violencia contra las mujeres.

La petición hecha a través de la Cámara de Diputados, el pasado lunes, la Finjus plantea la aprobación de la modificación del Código Penal, al haber transcurrido más de 100 años desde su promulgación y tras la tentativa de su reforma en 2015, la que afirma no prosperó “por razones que consideramos no son propias de una discusión penal”.

Señala que se hace impostergable la reforma del Código Penal, porque el actual no responde a las necesidades de prevención y persecución del delito de una sociedad cada vez más globalizada.
La Finjus procura la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana y Mecanismo de Control Social; la reforma a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, porque la actual norma “insuficiente para prevenir, castigar y sancionar a quienes de manera sistemática han defraudado al Estado y al pueblo, enriqueciéndose con los fondos públicos”.

La Finjus culpa a la Ley de Compras y Contrataciones (340-06) de ser “uno de los cimientos principales del modelo clientelar que ha imperado en el sistema político dominicano”.
Plantea revisar la participación de funcionarios públicos como agentes privados en el sistema, la fragilidad de la figura de las contrataciones y los tiempos de pagos.

Otras reformas que procura son a la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE), a la Ley de Derecho de Petición, la aprobación del proyecto de Ley de Publicidad y Comunicación Estatal y el proyecto de Ley de Aguas. Reclama la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, de Vivienda y Asentamientos Humanos, que tiene en el Congreso Nacional, y la aprobación del proyecto de Ley General de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.