El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró necesario  democratizar el Consejo Nacional de la Magistratura.

Sugirió otorgarle  una serie de atribuciones, tales como el manejo de la parte disciplinaria y aspectos relativos al desempeño del pleno de la Suprema Corte de Justicia.

En referencia a la Suprema Corte de Justicia y los jueces, resaltó que  en la actualidad no hay un mecanismo que garantice el buen desempeño.

Recordó que   la reforma de 1994 trajo como consecuencia  la independencia del Poder Judicial hacia lo externo, “y  lo que se impone ahora es democratizar el Consejo Nacional de la Magistratura”, dijo Castaños Guzmán al ser entrevistado en el programa Telematutino 11, por Telesistema.

Sostuvo que desde el punto de vista de la independencia externa, en el país hay un poder judicial más fuerte que antes de la reforma.

En ese sentido citó que la Justicia condena senadores, diputados, sindicalistas,  a la clase empresarial y   ha sancionado a la clase política.

“Pero desde el punto de vista de lo que es la independencia hacia lo interno, el Poder Judicial probablemente sigue siendo débil”, declaró el vicepresidente de Finjus.

Ampliar miembros
Castaños Guzmán abogó porque se amplíen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, tales como “la mesa de decanos y una serie de instituciones que pueden transparentar inclusive,  lo que son las funciones de este órgano”.

No se limita a la justicia
El Poder Judicial, declaró, no se limita a la Justicia. “Esa es una institución del sistema de justicia” e indicó que hay que desconcentrar el Ministerio Público.

En ese sentido, el vicepresidente de Finjus dijo que el Ministerio Público no debe seguir administrando cárceles en el país. 

Órgano especial
Castaños Guzmán sugirió crear un órgano especial, como existe en otros países, para  que se encargue de administrar las cárceles.              

“Cuáles deben ser las funciones de un  Ministerio Público para que sea eficiente? Son dos: trazar la política criminal del Estado y la política de persecución”, señaló Castaños Guzmán.

Sostuvo que no habría ningún problema en que el procurador de la República siga siendo un funcionario político, siempre y cuando se  le garantice a éste la permanencia durante cuatro años en el cargo.

El vicepresidente de Finjus declaró que las instituciones en el país son débiles, que  se fortalecerían en la medida en que “nos fijemos en las políticas que se implementan en las instituciones y no en los políticos que las representan”.