La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) defendió ayer la legalidad del Tribunal Constitucional para revisar los dictamenes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
En un documento leído por el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad afirmó que no se pone en peligro la seguridad jurídica si el Tribunal Constitucional revisa las sentencias emitidas por la SCJ, como interpreta el presidente de dicho tribunal, Jorge Subero Isa.
Los abogados Eduardo Jorge Prats y Cristóbal Rodríguez, presentes en la conferencia de prensa, y quienes fueron redactores de la Constitución proclamada el 26 de enero pasado, acusaron a Subero Isa y al Senado de la República de querer dar un golpe de Estado constitucional.
Jorge Prats, Rodríguez y Huertas respondieron preguntas de los periodistas después que Castaños Guzmán leyó el documento.
Una lectura objetiva del artículo 277 del texto constitucional evidencia que el Tribunal Constitucional tiene competencia para examinar las decisiones que hayan la cosa juzgada a partir de la proclamación de la Constitución, expresa la declaración de la FINJUS.
Jorge Prats recordó que al aprobarse la nueva Constitución se preservan los tres poderes clásicos que son el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, y se consagró también el Tribunal Constitucional, que viene a ser como un órgano extrapoder, que tiene la última palabra en materia constitucional.
Prats dijo que después de la creación del Tribunal Constitucional, todos los actos de los poderes públicos como leyes, decretos y las sentencias de tribunbales están bajo eventual control de ese órgano.