POR GERMAN MARTE
La decisión del presidente Leonel Fernández de rechazar el convenio de la Isla Artificial y la creación de una nueva provincia, tal como aprobó el pasado Congreso, es una buena señal de parte del gobierno dominicano y un triunfo de la sociedad y la democracia, afirmó ayer el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Servio Tulio Castaños Guzmán consideró que la decisión de Fernández es un paso trascendental que no tiene precedentes en la historia republicana, “y es una buena señal, una señal excelente que da el Presidente como para que situaciones como esa no se vuelvan a repetir”.

Destacó que los contratos devueltos al Congreso por el presidente Fernández ni siquiera fueron depurados técnicamente; tampoco tomaron en cuenta los estudios que se hicieron, por lo que la actitud del mandatario simboliza el rechazo de la sociedad a la forma cómo se manejaron estos contratos.

“En el caso de la Isla Artificial, se violentaron –desde el punto de vista legal- el procedimiento legislativo que debía llevarse en proyectos de esa naturaleza”, manifestó Castaños Guzmán.

Precisó que el contrato de la Isla no fue llevado a vista pública, ni se mandó a comisión, por lo que no hay un informe ni a favor, ni en contra, como establecen los reglamentos de la Cámara de Diputados, “por eso sostuvimos la tesis de que desde el punto de vista jurídico esa resolución era nula”.

El pasado jueves, el presidente Leonel Fernández solicitó al Congreso Nacional reconsiderar y rechazar el convenio para la construcción de la isla artificial, por considerar que el mismo no es lo suficientemente transparente. Asimismo, solicitó examinar el Código Procesal Penal y someter a discusión de los actores que intervienen en el proceso penal una serie de modificaciones sometidas a dicha legislación.

Fernández motivó su rechazo a la isla artificial asegurando que el mismo no le interesa a su gobierno porque, además de no ser transparente, ha sido objeto de cuestionamiento.

Castaños Guzmán dijo que en el caso de la aprobación del contrato para la explotación del proyecto de la Isla Artificial se violaron los artículos 88, 92 y 93 de la Cámara de Diputados.

Faltando apenas 21 días para entregar el mando, los congresistas –en su mayoría del Partido Revolucionario Dominicano- aprobaron varios contratos controversiales que fueron duramente criticados por diversos sectores de la población. Además del de la Isla y la creación de la nueva provincia Matías Ramón Mella, los congresistas aprobaron un contrato por US$132.7 millones para equipar a la Policía Nacional. Todos estos proyectos fueron rechazados por el presidente Leonel Fernández.

En cuanto a un contrato firmado por el anterior director de Bienes Nacionales con la empresa “Enade”, y que comenzó a implementarse, Castaños Guzmán advirtió que ese convenio nunca se debió comenzar a ejecutarse antes de que el Congreso lo ratificara, “porque podría traerle inconvenientes al Estado”.

El vicepresidente de Finjus consideró que lo ocurrido con los contratos antes señalados deben servir de lección a la sociedad dominicana, “y qué bueno que esa lección venga del Poder Ejecutivo para que los funcionarios sepan que ese tipo de contrato debe socializarse para que no se presenten situaciones de esta naturaleza”.