La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresa preocupación por las modificaciones planteadas al régimen electoral vigente, así como la ausencia de aspectos esenciales para el fortalecimiento democrático e institucional.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, advierte que el proyecto aprobado por el Senado no contempló la propuesta sometida por la Junta Central Electoral (JCE), para modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral, Ley 15-19.

Advierte que el tema de los topes de los gastos para la campaña electoral, los que afirma que se mantienen en el proyecto de ley aprobado por el Senado, tal como los establece la norma vigente, la Ley 15-19.

Considera que en la Ley Electoral se manejan topes sumamente cuestionables, por las altas cuantías que pudiesen manejarse, especialmente en los niveles presidenciales y congresuales; aunado a la regulación laxa que se observa con relación a la presentación de los informes de gastos de las candidaturas y la inexistencia de sanciones a la violación de esos topes.

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Resalta que estos reducen la capacidad de fiscalización de los recursos públicos utilizados en campaña, en detrimento de los principios de transparencia y de equidad en la contienda. “Particularmente, en lo correspondiente a las sanciones, desde FINJUS se reitera la necesidad de apoyar un régimen de consecuencias, lo suficientemente fuerte, que surta el efecto de desincentivar de manera eficaz la utilización de recursos por encima de los topes de gasto que se establezcan”.

Castaños Guzmán entiende que se requiere el establecimiento de mecanismos efectivos que permitan la rendición de cuentas y la fiscalización de los egresos, asociados a la campaña electoral.

Y, una mayor regulación, que contribuya a prevenir que ocurran prácticas corruptas, lo cual es esencial a la hora de garantizar la democracia. En cuanto al sistema de consecuencias, resalta la importancia de revisar y fortalecer las sanciones referidas, a los fines de que resulten efectivas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas.

Cree que una modificación a la Ley Electoral, como la que se procura, debe aprovecharse para incluir presupuestos que la adecúen a los nuevos tiempos y mecanismos, para evitar que partidos y candidatos puedan burlar las normas establecidas, como Internet, donde los mecanismos sancionatorios son más abstractos.