La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), manifestaron ayer su respaldo al proyecto de ley del senador José Rafael Vargas que procura quitarle al Tribunal Superior Electoral (TSE) la competencia para rectificar las actas del estado civil y devolverla al Poder Judicial.
Según la FINJUS, la facultad que le confiere el legislador al TSE en el artículo 13, numeral 6 de la Ley 29-11, para conocer de las rectificaciones de las actas del estado civil que tengan carácter judicial, desborda la función específica que le otorga el artículo 214 de la Constitución a ese tribunal.

“La atribución al TSE de conocer de las rectificaciones de las actas del estado civil comporta, desde el punto de vista orgánico, una expansión indebida de la jurisdicción electoral en detrimento del Poder Judicial; y desde el punto de vista del servicio, al tratarse de una jurisdicción centralizada, se generan afectaciones de acceso a los ciudadanos que requieren las rectificaciones de los actos del estado civil”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán.

De su lado, el coordinador general de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, expresó que el proyecto del senador por la provincia Espaillat ampliaría significativamente la oportunidad de que los ciudadanos tengan acceso rápido y gratuito a la justicia, lo que en el actual esquema no es posible, en vista de que el TSE opera en el Distrito Nacional y los juzgados de paz en cada uno de los municipios de la geografía nacional.

De la Rosa Tiburcio manifestó que el traspaso le ahorraría tiempo a los ciudadanos, y le reduciría significativamente presupuestos que, para esas diligencias, pagan como honorarios a abogados.