El abogado Francisco Álvarez Valdez y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideraron positivo que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) destituyera a tres jueces del Distrito Judicial de Santo Domingo y siente el precedente de enviarlos al Ministerio Público para que determine si deben enfrentar la jurisdicción penal.

Al comentar el caso de los tres magistrados acusados de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, Castaños Guzmán demandó el fortalecimiento de la Inspectoría Judicial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la aplicación de un sistema de consecuencias para someter a los jueces cuando se demuestre que se corrompieron.

Además, solicitó que se destine un mayor presupuesto para la independencia del Poder Judicial.

Dijo que la cancelación de los jueces Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa, ambos de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y José Dionisio Duvergé Mejía, de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de Santo Domingo, no refleja que todo el Poder Judicial está involucrado en los hechos de esos tres miembros.

Manifestó que la situación de estos tres jueces, que estaban sometidos a un juicio disciplinario, evidencia que el sistema de consecuencias está funcionando, debido a que el CPJ no tiene atribuciones penales.

Exhorta al sistema de justicia a estar más atento al comportamiento de los miembros de este poder del Estado y lamentó que el Poder Judicial carezca de fondos. Castaños Guzmán expresó que la Cumbre del Poder Judicial ya tiene su calendario de celebración para el mes de octubre. Anunció que Finjus creó una Coalición para presentar propuestas en la Cumbre y demandar la firma de un Pacto por la Justicia.

Dijo que el próximo lunes Finjus tiene el segundo foro por la independencia del Poder Judicial, a las 8:30 a.m. en el hotel Sheraton.

Pancho. El jurista Álvarez afirmó que el hecho de que se “admita con esta destitución que hay jueces corruptos, no debilita al Poder Judicial, sino que por el contrario, tiende a fortalecerlo, porque genera confianza en la ciudadanía”.

Opinó que la red de jueces que estaba en estas actividades operaba desde hacía tiempo sin que hubiese acciones en su contra.

Sostuvo que no conocía el primer caso en el que el CPJ enviara un expediente de jueces destituidos al Ministerio Público.

Álvarez consideró que la ciudadanía se percata de que el Poder Judicial está tratando de ubicar a los jueces corruptos, los expulsa y dispone que sean juzgados, por lo que comienza un proceso de saneamiento y depuración del personal judicial. “Habrá que ver si continúan con esta tendencia”. Pidió más dinero para el Poder Judicial, para el portalecimiento del Departamento de Inspectoría Judicial, por ser el que detecta temprano a los jueces que violan la ética.