Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestaron ayer su rechazo a la agresión cometida contra el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, su equipo y miembros de la prensa que lo acompañaron en una inspección al canódromo el pasado lunes.

De acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil es inaceptable que miembros de los cuerpos policiales y militares se comporten de manera agresiva y arbitraria, y menos aún contra una autoridad constitucional como el Defensor del Pueblo, revestido del derecho de presentarse en cualquier organismo público o privado donde se haya denunciado violaciones a los derechos de la población.

En torno a la agresión a los periodistas, Participación Ciudadana considera que el hecho constituye un grave atentado a la libertad de prensa, agravado por la acción de borrar lo documentado en el incidente, afectando el derecho a la información que tiene la población.

La entidad entiende oportuno transformar ese centro de retención de vehículos (canódromo), denunciado por muchos años como un ente de corrupción, atropello y violación de derechos a los ciudadanos.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Servio Tulio Castaños, expresó que tanto este hecho como el informe sobre los Derechos Humanos presentado por los Estados Unidos, según el cual persisten los abusos policiales, constituyen elementos que sustentan la necesidad de acelerar el proceso de reforma y modernización de la uniformada.

“En un estado social, democrático y de derecho, este tipo de acciones son inaceptables”, enfatizó.

Castaños cuestionó que agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) eliminaran las imágenes captadas y abogó por sanciones.

Director DIGESETT pide disculpas públicas al Defensor del Pueblo

El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), General de Brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, P.N., visitó al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y a su equipo de trabajo para disculparse por las agresiones recibidas por oficiales y miembros de esa institución el pasado lunes 11 de abril en el Centro de Retención Vehicular (Canódromo, El Coco).

Guzmán Peralta reconoció la inobservancia por parte de miembros de esa institución, de las atribuciones del Defensor de Pueblo en virtud del artículo 3 de la Ley 19-01 en el ejercicio de su ministerio como ente constitucional que esta investido de plenos poderes y facultades a fin de realizar cualquier investigación, aún de oficio o a petición de parte, sin aviso previo, que conduzca al esclarecimiento de actos u omisiones del sector público y de las entidades no públicas que prestan servicios públicos.