La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana (PC) advirtieron ayer a los legisladores que cualquier ley de partidos que aprueben debe ser sobre la base de la que depositó la Junta Central Electoral (JCE) en el Congreso, para evitar más traumas en procesos y más deterioro de las organizaciones políticas.

Afirmaron que aprobar proyectos como los presentados por los partidos Reformista Social Cristiano y Revolucionario Dominicano, ya sancionado en la Cámara de Diputados; o el que pretendía aprobar el de la Liberación Dominicana, sería legitimar las malas prácticas de estos comicios.

Citaron el uso abusivo de recursos del Estado, falta de idoneidad de candidatos; inequidad y desigualdad de género; desnaturalización de los partidos……….
Ley no aguanta más dilatoria En declaraciones por separado, el vocero de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán; y Cándido Mercedes, de PC, coincidieron en que, independiente de que sean estos congresistas, o los que asuman el 16 de agosto, quienes la aprueben, lo importante es que tanto la Ley de Partidos como la reforma a la Ley Electoral 275-97 que sometió la JCE, no tengan más dilatoria.

Aprobar. Castaños Guzmándijo que lo sí importa es que la Ley de Partidos garantice la transparencia y la rendición de cuentas de los fondos públicos y de las donaciones que reciben los partidos; que establezca y deje claro el régimen de sanción y de consecuencias; que garantice el debido proceso, la democracia interna, y la educación y la formación política.

Resaltó que en este proceso quedó manifiesta incluso, la gravedad en el deterioro de los partidos, cuando “ni siquiera sus cúpulas pudieron controlar a su militancia; que aparentemente se han privatizado, y hubo incluso quienes arrendaron sus plazas”.

Por qué urge aprobación. Para el representante de PC, la sociedad no puede seguir asistiendo a elecciones en las condiciones de las pasadas, “que no solo fue un tollo en el aspecto técnico, sino también gerencial; que implicó un retroceso en la democracia electoral y demuestra que en gran medida, en alguna parte no hubo legitimidad”.
Mercedes refirió que un estudio de 2011 de la Universidad de Vanderbilt reveló que el 22% de los dominicanos “empeñaba, alquilaba o vendía” su cédula, y afirmó que en 2016 el panorama fue más apabullante y la JCE nada hizo.

Aseguró que entre enero y mayo el Gobierno tuvo un déficit de RD$53,000 millones, “porque el Presupuesto Nacional estaba subordinado a una agenda electoral”.

Recordó que la Ley de Partidos tiene 17 años en el Congreso, donde de manera circular “relajaban al cardenal López Rodríguez y a monseñor Agripino Núñez, y hasta el presidente Medina afirmó en 2012, que sería aprobada en diciembre de ese año, y no”.

Mercedes afirmó que ya hay un climax en el que no es correcto relajar, so pena de una crisis de legitimidad y de gobernanza”.

Dijo que las leyes deben ser aprobadas este año. “Pero no cualquiera, no la que el PLD quería; es sobre la base de la mejor, la de la JCE, que puede mejorar”.