POR GERMAN MARTE
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Participación Ciudadana repudiaron ayer la decisión del Congreso Nacional de aprobar la creación de la nueva provincia Matías Ramón Mella, un préstamo por US$132.5 millones para la Policía, y el contrato de la isla artificial.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, y Ana Teresa Pérez, de Participación Ciudadana, deploraron la decisión de los congresistas a pesar de la oposición de amplios sectores de la sociedad.

«En honor a la verdad, todo esto debe ser catalogado como lamentable», dijo Castaños Guzmán refiriéndose a los proyectos aprobados por los congresistas durante varias sesiones celebradas esta semana. Varios de los proyectos fueron aprobados rápidamente en horas de la madrugada.

De su lado, Ana Teresa Pérez, del consejo nacional de Participación Ciudadana, estimó que los referidos proyectos fueron aprobados de manera atropelladas, sin el debido comedimiento y estudio, a pesar de han sido cuestionado por la sociedad. En su opinión, los actuales legisladores debieron dejar que el nuevo Congreso se instalara e hiciera un estudio ponderado de las piezas antes de aprobarlos.

Asimismo, el vocero de Finjus lamentó que los congresistas hayan hecho caso omiso a los pronunciamientos de diferentes sectores de la sociedad, y señaló que con la creación de una nueva provincia no sólo se aumenta la burocracia y la nómina del Estado, «sino que incrementa la ineficiencia».

Castaños Guzmán pidió al presidente que observe la ley que crea la nueva provincia Matías Ramón Mella, porque la misma fue aprobada «sin tomar en consideración los criterios de economía y racionalidad que se requieren para impulsar el desarrollo regional y territorial del país». El abogado lamentó que ya en la postrimería de su período, los actuales congresistas dejen en la población «un mal sabor» con la aprobación de una serie de proyectos «cuestionables».

Consideró que ante hechos como la aprobación de un contrato por US$132.5 millones para equipar la Policía Nacional, la sociedad debe reflexionar, porque se trata de un contrato que viola una serie de principios y normas éticas, al punto que ha generado contradicciones, incluso a lo interno del gobierno. Sostuvo que se deben tomar medidas para que no se repitan situaciones similares.

Con relación al contrato firmado por Bienes Nacionales con una empresa privada para que esta se encargue del cobro de deudas a cambio de una jugosa comisión, el vocero de Finjus respaldó la posición del director del Departamento de Prevención contra la Corrupción Administrativa (DPCA), Octavio Líster. Consideró contraproducente que dicho contrato entrara en vigencia sin que previamente lo conociera el Congreso Nacional.

En cuanto a la Isla Artificial, el vocero de Finjus condenó la aprobación del proyecto de la Isla Artificial, y advirtió que el presidente tiene la oportunidad de no ejecutar un contrato de esa naturaleza, que en su opinión tiene una serie de deficiencias de todo tipo, inclusive jurídicas.

Para Castaños Guzmán resulta llamativo que cualquier contrato para la construcción de un edificio sobrepasa las 100 páginas, mientras que el contrato de la Isla Artificial aprobada por el Congreso no tiene más de 30 páginas.