Fiscal advierte a Awilda y amiga pelearon

Fiscal advierte a Awilda y amiga  pelearon

lBajo la advertencia de que se pondría en movimiento la acción de la justicia contra ellas, la exjueza Awilda Reyes Bletré y Yanira María Chalas Alcántara firmaron un acuerdo de no agresión, en la fiscalía comunitaria situada en la Carretera Sánchez, de la Capital.
Las dos mujeres, que esta semana se enfrascaron en una lucha “cuerpo a cuerpo” por diferencias en un negocio del cual son copropietarias, se querellaron por separado en la fiscalía, por lesiones que ambas se provocaron durante la riña, curables entre los 5 y 10 días, según certificados médicos que aportaron.
En el acuerdo, Reyes Beltré y Chalas Alcántara se comprometieron a no agredirse en ninguna forma, “a vivir en un ambiente de armonía que garantice la paz social, el orden público y las buenas costumbres”
Ambas prometieron además, no hostigarse, perseguirse ni amenazarse por ningún medio verbal o escrito directo o indirecto o por la vía telefónica, pero sobre todo, a respetarse mutuamente.
El convenio fue firmado por ambas en presencia del procurador fiscal, miembro de la citada fiscalía comunitaria, Anastas Paulino Ledesma, el lunes 27.
En su sexto ordinal, el Acta de Acuerdo expresa que la violación al mismo “pondrá en movimiento la acción de la Justicia, en virtud de lo que establece el artículo 39 del Código Procesal Penal”.
El artículo indica que “Si se produce la conciliación, se levanta acta, la cual tiene fuerza ejecutoria. El cumplimiento de lo acordado extingue la acción penal: si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, el procedimiento continúa como si no se hubiera conciliado”
Reyes Beltré, quien desde finales de 2016 enfrenta un juicio penal por supuestas faltas graves durante el ejercicio de sus funciones, fue destituida como presidenta de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la resolución número 8 del Consejo del Poder Judicial.
Esa disposición fue emitida en mayo y además la inhabilitó para prestar servicios al Estado durante cinco años.

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