El fiscal ambiental de Constanza, Fernando Quezada, pidió que el Estado unifique sus criterios en torno al municipio de Constanza pues durante años allí se cometen delitos ambientales sin sanción y muchas obras cuentan con aval estatal.

Puso de ejemplo que el Rancho Guaraguao, ubicado en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo), se levantó sin licencia ambiental y que allí hay obras eléctricas recientes que se levantaron aparentemente con autorización de la estatal Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte).

Asimismo, el Banco Agrícola financia agricultores en zonas altas donde no deben estar y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) ha hecho asentamientos en predios de Cruz de Cuaba, El Paraguas, Los Bermúdez y otras que son parte de cuencas hidrográficas.
Entiende que el hecho de que entidades del Estado avalen ciertos desarrollos es un estímulo para que continúen.

Quezada dijo que en Valle Nuevo hay un daño ecológico importante que data del año 2000, porque allí se abrieron carreteras, se tumbaron decenas de árboles sin licencia ambiental para hacer proyecto turístico y “nunca nadie dijo nada”.

Ese proyecto lo inauguró el entonces ministro de las Fuerzas Armadas (Defensa), José Miguel Soto Jiménez, quien ha ido vendiendo terrenos a terceros, siendo uno de ellos el alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y funcionario, Félix Jiménez (Felucho), quien ha defendido su obra diciendo que será respetuosa de los recursos naturales.

El pasado sábado el fiscal paralizó la construcción de una carretera, desmonte de bosques y colocación de postes para cables de alta tensión, lo que implica un nuevo daño ambiental al área protegida.

Quezada pidió colaboración del Ministerio de Medio Ambiente para frenar ese proyecto turístico.

«Lo que quiero es que por la magnitud de la situación que haya una intervención directa del Ministerio de Medio Ambiente para tomar una acción conjunta porque no basta con someter una o dos personas y luego continúen un proyecto en desarrollo”, expresó.

Asimismo advirtió que si continúan las agresiones ambientales al área protegida, tomará acciones radicales, que no especificó.

Explicó que mientras tanto están en investigación y como medida cautelar se dispuso la paralización de los trabajados.

«Queremos que el Estado a través de sus diferentes instituciones unifique criterios y corrija esa situación, que no es exclusiva de esa zona de Valle Nuevo, si no que hay mucha depredación en muchas áreas sensibles de Constanza», señaló el fiscal.

Daños para todos. El representante del Ministerio Público apuntó que en Constanza se han cometido delitos ambientales importantes, los cuales de una manera u otra van a repercutir en todo el país pues allí nacen los más grandes ríos del país, como son Yaque del Norte, Yaque del Sur y Yuna, entre otros.

Insistió en que ha habido una falla desde hace mucho tiempo y por la importancia ecológica de esa zona hay que tomar más en serio ese asunto a los fines de preservar las fuentes de agua y garantizarla a generaciones futuras.

Para enfrentar la situación, Quezada sugiere un congreso para analizar el problema y con aportes de expertos se elabore un plan de recuperación a mediano y largo plazo, que derive en una especie de “pacto ambiental”.

El fiscal subrayó que a partir de un diagnóstico, el Estado deberá tomar medidas sin privilegios, en las cuales prime el interés nacional por encima de lo particular.