La muy poblada y complicada provincia de Santo Domingo  -seguramente  una de las jurisdicciones  más   azotadas por ladrones, traficantes y estafadores- constituye  un reto para la joven, competente e inspirada procuradora fiscal  que la tiene a su cargo, Olga Diná Llaverías,   exponente  de la profesionalidad  alcanzada por  muchas  mujeres dominicanas. Sus planes son ambiciosos y  oportunos, aun cuando la infraestructura que ha hallado al arribar al mando es pequeña frente a la montaña de obligaciones para con una sociedad que está pagando las consecuencias de una omisión. El Estado descentralizó las funciones del Ministerio Público del gran Santo Domingo al crear una provincia que dejó al Distrito Nacional sin el grueso de su población  y sin su mayor extensión territorial.

 Para  esas nuevas autoridades  no existían instalaciones apropiadas para el ejercicio investigativo, ni salas con espacios  suficientes para atender los desenvolvimientos judiciales, ni recintos para la prisión  preventiva. Y menos aún  recursos científicos avanzados para los experticios. Las reglas de la buena planificación obligaban a crear por anticipado las condiciones materiales que correspondieran a la expansión de las labores judiciales; o a corregir la imprevisión actuando con rapidez en el levantamiento y equipamiento de edificios, lo que no ocurrió   en años subsiguientes, alargándose el problema de las precariedades. “Lo que nunca se hizo”.

Falta de apoyo a industria local

Si existe el propósito de corregir lo que está mal desde el Estado, algunos pasos mal concebidos por autoridades actuales deberían omitirse. Estamos en transición. Los mandos van a cambiar de manos y algunas cosas que se hagan en este espacio podrían entrar  en contradicción con los nuevos criterios  con que seguramente vendrán el nuevo presidente y su flamante gabinete. Un posible desacierto ha sido denunciado como inminente: el Ministerio de Educación se estaría encaminando  a adquirir sillas escolares por un monto de 772 millones de pesos, operación que favorecería a fabricantes extranjeros.

Las características de tales muebles no parecerían  las más indicadas y la adquisición en proyecto despreciaría la probada capacidad instalada por dominicanos de larga tradición en la confección de pupitres y asientos para nuestras escuelas públicas. Esa compra debería  decidirla   el nuevo   Gobierno.