Las sanciones contempladas en el Código Penal Dominicano en cuanto a los delitos de estafa y abuso de confianza son muy benignas, considera el fiscal Pedro Frías.
Esas penas benévolas limitan las esperanzas de que en los casos de las estafas a través de las financieras se puedan obtener penas significativas, a menos que haya una vinculación con lavado de activos u otro ilícito.
El Código contempla penas de seis meses a dos años de prisión para la estafa y uno a dos años para el delito de abuso de confianza.
En los últimos meses decenas de personas se han querellado en contra de varias instituciones que se dedicaban a la intermediación financiera sin la autorización de la Superintendencia de Bancos, cuyos recursos habrían sido distraídos.
Frías, director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, quien lleva varios procesos de los supuestos fraudes a través de entidades no reguladas por el sistema financiero, entiende que debe haber una reforma al código que incluya otras tipologías ya que a su juicio el código es anacrónico y napoleónico.
Explica que en estos procesos, solo si se puede determinar que hay vinculación con el lavado de dinero, las penas podrían llegar hasta los 20 años.
Sin embargo aseguró que la Fiscalía hace todo el empeño para obtener una sanción y que las personas que confiaron su dinero producto de años de ahorros a esas entidades, puedan recuperarlo.
Dijo que preocupa sobremanera al Ministerio Público la cantidad de casos como estos porque alteran el orden social y económico. Aclara que algunas de esas financieras sí están reguladas, no obstante hacen otras operaciones, evadiendo la supervisión.
Tal es el caso del Banco Providencial, que dentro funcionaba la financiera Propiherbon; y la Corporación de Crédito Rona, cuyos ejecutivos se han negado a devolver el dinero depositado ni tampoco los jugosos intereses que se prometieron, que incluso llegaban a un 35%.
Culpan la Superintendencia. No obstante, el abogado César Amadeo Peralta, que representa a varios de los estafados por financieras, entiende que la Superintendencia de Bancos tiene gran responsabilidad en estos casos, por permitir, siendo la entidad reguladora, que todas estas personas hicieran de las suyas con el dinero ajeno, al operar sin estar reguladas.
Sostiene que es esta la que tiene que fiscalizar esas instituciones que hacen intermediación financiera, y si no están autorizadas clausurarlas, sin embargo, “las ha dejado que hagan lo que les de su gana”.
Recuerda que la ley monetaria dio un plazo de dos años para que esas financieras de adecuaran y pasaran a ser corporaciones. Entiende que la SB ha debido caerle a esas que están fuera y no lo hicieron.