POR LEONORA RAMÍREZ S.
El exprocurador adjunto del Departamento Judicial de San Cristóbal, Jesús Garó, manifestó que renunció de ese cargo el 24 de julio del 2006, por lo que son inciertas las declaraciones del general Juan Ramón de la Cruz Martínez, director de Prisiones, en el sentido de que él habría sido cancelado por la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con un documento entregado por Garó, él depositó su carta de renuncia el primero de agosto en el departamento de Litigio y Dictámenes de la Procuraduría, debido a que fue uno de los magistrados que reprobó el examen de perfil del Ministerio Público.

El enfrentamiento entre de la Cruz Martínez y Garó se produjo porque el exmagistrado solicitó al Juez de Ejecución de la Pena una orden de conducencia contra el director de Prisiones, porque éste se negó a entregar una  carta de conducta al recluso Luis Ramón Valdez Reynoso, quien solicitaba libertad condicional por haber cumplido la mitad de la pena.

De la Cruz Martínez denunció que a través del juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Francisco Mejía Angomás, se pusieron en libertad 291 presos, en su mayoría condenados por tráfico de drogas, homicidios y violaciones sexuales a mujeres y niños.

En ese sentido, Garó expresó que «el director de prisiones miente al país en lo relativo a la  puesta en libertad de Luis Soto Báez, condenado por narcotráfico, atendiendo a que en esa ocasión yo solicité la negación de libertad condicional, lo cual fue acogido por el presidente del Juzgado de Ejecución de la  Pena».

Asimismo, le solicitó a de la Cruz Martínez que demuestre su vinculación con la libertad condicional de 291 reclusos, «porque durante mi desempeño como procurador adjunto de la jurisdicción de San Cristóbal no he tenido diferencias en qué tipo de casos recibo, no hay excepciones, todos los casos son remitidos por las secretarías de ambos tribunales».