La procuradora fiscal de Santo Domingo Oeste (SDO) pidió ayer a los moradores de Los Alcarrizos que desistan de enterrar cadáveres en unos terrenos del sector La Piña por asuntos de salud, lo que fue rechazado por más de cien organizaciones sociales y comunitarias de ese municipio que alegan no cuentan con otro lugar para hacerlo.
La fiscal Rosalba Ramos Castillo descendió ayer a los terrenos, de los cuales la comunidad ocupa 390 mil metros cuadrados, donde hasta ayer habían sepultados 33 cadáveres, ya que desde desde enero no encuentran camposantos para dar cristiana sepultura a sus muertos.
La fiscal advirtió a los comunitarios que los enterramientos atentan contra la salud de los vecinos del lugar, ya que las sepulturas no están avaladas por estudios de Salud Pública.
Alertó a los comunitarios que no cuentan con estudios de suelo que señale que en la propiedad se puede cavar hasta tal profundad, por lo que los vecinos pudieran estar tomando agua contaminada, con lo que exponen a la población a contaminarse con bacterias y hasta la muerte.
La procuradora fiscal argumentó a una comisión de las organizaciones, que se había reunido con Salud Pública y con los supuestos dueños de los terrenos, que según dijo, no son del Estado, por lo que espera que las propiedades sean dilucidadas para determinar si procede o no el cementerio en ese lugar.
Admitió, sin embargo, la legitimidad de la demanda de la comunidad, pero sugirió que deberían dar los pasos de lugar, por tanto volvería a reunirse con los comunitarios para explorar otras alternativas.
Agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias para el Desarrollo de Los Alcarrizos (COCDELA), los comunitarios indicaron a la representante del Ministerio Público que tomaron la decisión en enero pasado, porque no tienen donde sepultar a sus muertos.
Carlos Lora, presidente de la Unión de Empresarios de Los Alcarrizos (UDELA), una de las organizaciones que integran COCDELA, explicó que luego de la división de Santo Domingo, Los Alcarrizos quedó sin camposanto, al tiempo que precisó que es el gobierno quien debe definir la parte legal de los predios, mientras, continuarán sepultando sus muertos en el lugar.
Hasta el día de ayer, en los 390 mil metros que tomó la comunidad ya habían sido enterrados 33 cadáveres, que con otro que llegaría en las horas de la tarde sumarían 34.
De su lado, David Ovalle Torres, presidente de la Asociación de Mercaderes, observó sospechosa la actitud de la fiscal cuando ya van 33 cadáveres sepultados.
Se preguntó por qué la magistrada no acudió al lugar cuando se enterró al primero o el segundo.
“Cuando el Presidente de la República dijo que no importaba de quien fueran los terrenos, que los iba a declarar de utilidad pública”, recordó.
Los lugareños se tiraron al suelo con los brazos abiertos en señal de protesta y para reafirmar su determinación de seguir enterrando cadáveres en los 390 mil metros que ocuparon.
Con cada uno de los cadáveres sepultados en La Piña, los comunitarios recorren varios cementerios de poblaciones cercanas, donde son rechazados por no ser de sus territorios.