El procurador de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo denunció ayer que algunos jueces de instrucción de esa jurisdicción fallan de manera «alegre y graciosa» los expedientes sobre drogas y favorecen con auto de no ha lugar a 30 de cada 40 personas que son sometidas por narcotráfico por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El doctor Mario Hernández reveló, además, que investiga a un juez de instrucción y un fiscal, quienes son acusados por un abogado de constituir una asociación para vender y traficar decisiones.

Dijo que designó una comisión para investigar la denuncia, la cual la integra uno de sus abogados ayudantes y la encabeza él de manera personal.

«Yo he observado que muchos de los jueces de instrucción fallan de manera muy alegre y graciosa, sin detenerse ha observar las pruebas que han sido depositadas principalmente cuando que se trata de materia de drogas», apuntó.

Hernández alegó que esta actuación de los jueces de instrucción lo obliga a recurrir numerosas decisiones de auto de no ha lugar.

Dijo que los jueces actúan de esta manera apoyados en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República en cuanto a la aplicación anticipadas del nuevo Código Procesal Penal.

A juicio de Hernández los jueces de instrucción de la provincia Santo Domingo no entienden que cuando una persona es detenida en flagrante delito «no se necesita del acta del Ministerio Público».

Explicó que si una persona es sorprendida en un operativo policial y se le cuestiona sobre el contenido que lleva en una funda y se persona emprende la huida y al ser detenido se establece que llevaba droga, entonces no se puede hablar que se necesita de un acta, puesto que es un delito flagrante.

«Ya ahí no se puede hablar que se necesita de un acta. No eso es un delito flagrante, que por el hecho de una persona ser apresada con una sustancia prohibida ya debe ser sometida a la acción de la justicia», precisó.

Se preguntó que cosa puede ser más prueba para los jueces que la droga ocupada.

Dijo que es muy cuestionable el hecho que una parte de los jueces de instrucción liberan a personas acusadas de narcotráfico tan solo con nieguen los hechos y aleguen que la mercancía ocupada no era de su propiedad.

Hernández entiende que lo justo es que si un prevenido niega un determinado hecho se produzca una confrontación de información con los oficiales policiales y de la DNCD.

«Los narcos son liberados por el hecho de decir no eso no es mío y los jueces no le hacen más preguntas a los prevenidos ni hacen la contradicción con los interrogatorios practicados por la Policía», apuntó.

Explicó que algunos jueces de instrucción se limitan hacer unas cuantas preguntas a los narcos y luego lo ponen en libertad mediante auto de no ha lugar.

[b]ACTUACIONES RARAS[/b]

Hernández declaró que expresó su queja a la presidenta de la Corte de la provincia Santo Domingo, debido a que el 40 por ciento de los casos sometidos son por violación a la ley 50 88, pero la gran mayoría son liberados.

Manifestó que le planteó que los jueces debían ser más cuidadosos al momento de fallar casos de drogas.

Empero, aclaró que no es partidario de que personas inocentes sean procesadas sin la presencia de indicios suficientes.

«Pero no es verdad que de 40 casos que se someten a esa jurisdicción 30 no tendrán indicios suficientes para producir su envío al juzgado criminal y que sean condenados», apuntó.

Entiende que cada vez que se premia a un narcotraficante se esta condenando a la sociedad a vivir sometido bajo el imperio de este flagelo.

«Regularmente los jueces de instrucción con acta y sin acta del Ministerio Pública actúan de manera graciosa y liberan a los acusados tan solo porque niegan los hechos y dicen no eso no es mío», apuntó.

[b]ADVIERTE A DNCD Y FISCALES[/b]

Hernández dijo, además, que los agentes antinarcoticos y los fiscales deben ser también más cuidadosos a la hora de apresar a una persona y someterla a la justicia.

Sostuvo que no puede ser posible que un fiscal envíe a la justicia a todas las personas que estén presentes en un lugar donde se encuentre drogas.

Reconoció que tanto fiscales como agentes de la DNCD actúan de manera alegre e imprudente y someten a inocentes conjuntamente con culpables.

Dijo que esta práctica es vejatoria y violatoria de los derechos humanos.

Aseguró que personalmente se ha reunido en más de tres oportunidades con los fiscales asignados a la DNCD para advertirle sobre las actuaciones correctas a favor de los ciudadanos inocentes.

Señaló que actuaciones sin peso legal motivan un sin número de interpretaciones negativas contra el Ministerio Público.

[b]LADRONES TAMBIEN[/b]

Sostuvo que una situación similar ocurre con reconocidos ladrones que mantienen en zozobra a la comunidad, los cuales obtienen su libertad con relativa facilidad.

Alegó que observó a jueces de instrucción poner en libertad a personas que han admitidos los hechos, luego de ser apresado por la comunidad por la comisión de robos.

«Con la ola de robos indiscriminada que se registra en la provincia hemos observado que personas que han declarado que si que robaron y que fueron detenidas por la comunidad, son puesto en libertad mediante auto de no ha lugar por jueces de instrucción», indicó.

[b]NARCOTRAFICO GANA TERRENO[/b]

El procurador Hernández mostró preocupación por el auge de los narcotraficantes en la provincia Santo Domingo y Monte Plata, donde dijo, muchas actividades deportivas y comunitarias son patrocinadas por el narcotráfico.

«Las drogas siguen ganando terrenos y nosotros hemos observado que incluso muchas actividades deportivas y ayudas comunitarias son patrocinadas por personeros de 5», expresó.

Dijo que ante esta realidad hace un llamado a todos los padres y madres, a las juntas de vecinos, a las iglesias y sus párrocos, para que en coordinación con el Ministerio Público formen una cruzada contra las drogas y la delincuencia.

[b]TRAFICO DE PERSONAS[/b]

Dijo que otro delito que toma fuerza es el tráfico de personas, razón por la que se debe poner un freno a esta práctica que gana cuantiosas sumas de dinero.

Declaró que hace unos meses vio con asombro como una señora de nombre Luz Nereida, acusada de tráfico de personas, fue favorecida con un auto de no ha lugar por un juez, que según dijo, no observó las pruebas suministrada por la Policía Nacional.

Explicó que esta persona hubiera salido en libertad si el Ministerio Público no apela de inmediato.

«Nosotros cuando observamos el expediente nos vimos en la obligación de recurrirlo para evitar que esa persona saliera del país y que el hecho quedará impune», precisó.

Aseguró que la Procuraduría de la Corte de Apelación de Santo Domingo se mantiene vigilante en estos casos y que en consecuencia le gustaría contar con el apoyo de las organizaciones sociales para enfrentar este mal.