Detrás del negocio de las máquinas tragamonedas que se instalan de manera ilegal en los colmadones de los barrios, hay influencias de poder político, económico y militar, afirmó el coordinador de la fiscalía barrial de Villa Juana, Carlos Calcaño.
Estas máquinas, cuyo costo va desde los 100 mil pesos son un negocio muy lucrativo, y según informó Calcaño, pueden llegar a dejar hasta 10 mil pesos diarios de ganancias, dependiendo en qué lugar estén.

Sin embargo, la instalación de estos aparatos de azar en colmados, incluso en salones de belleza y barberías de sectores populares además de proporcionar millonarias ganancias a quienes los administran, en violación a la ley, hacen un gran daño social, sobre todo en los niños, que se ven tentados a incurrir en esta práctica llegando incluso hasta a robar para jugar, y que se introducen desde temprana edad en el flagelo del vicio, según el coordinador de las fiscalías comunitarias, procurador fiscal Rafael Brown.

Ayer fue la entrega al Ministerio de Hacienda de 53 máquinas confiscadas por las fiscalías comunitarias y la Policía durante 15 días, en operativos en Cristo Rey, Villa Juana y María Auxiliadora.

Brown y Calcaño explican que son las juntas de vecinos y los propios residentes de esas zonas los que, conscientes del daño que causan estos juegos, quienes denuncian dónde están operando.

Calcaño dijo que se están haciendo frente a esos sectores de poder, por lo que llamó a los jueces a ser más drásticos con los que operan las máquinas de manera ilegal, que además de violentar el reglamento 252-89, sobre operación y funcionamiento de los juegos de azar, hacen un daño social directamente a la familia.

“Hacemos un llamado para que cuando actuemos, tengamos un respaldo del sistema de justicia”, dijo Calcaño.

Hasta el momento a unas 10 personas dueñas de estas máquinas se les ha conocido medida de coerción, consistente en garantías económicas, pero afirma el magistrado Brown que de ahora en adelante serán más radicales, sobre todo con los reincidentes.