El fiscal del Distrito Nacional,  Alejandro Moscoso Segarra, propuso ayer  que sea ampliado el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, para que las universidades, las iglesias, los clubes, los titulares de las procuradurías fiscales del país, la Policía Nacional  e instituciones que trabajan en la prevención del consumo y tráfico de drogas participen en  la formulación de políticas  contra la criminalidad.

Consideró que las instituciones ligadas a la prevención, la educación y el deporte deben plantear también resoluciones ante el Consejo.

“Es necesario que en la formulación de políticas para dar respuesta al problema de la criminalidad sea integrada toda la sociedad”, enfatizó el representante del Ministerio Público en la capital. Afirmó que se debe seguir fortaleciendo tanto  a la Policía Nacional como a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD),  para de esta manera conseguir de ambas mejores resultados en el proceso de investigación.

Tribunales especiales.  En otro orden,  Moscoso Segarra manifestó que es partidario de que en el país sea creada una jurisdicción especializada para juzgar de manera exclusiva los casos del crimen organizado.

Afirmó que esta jurisdicción se empeñaría en dar respuesta más rápida a la criminalidad organizada, “la cual se ha tecnificado y muchas veces está  un paso más adelante de las autoridades encargadas de perseguirla”.

El funcionario manifestó que el lavado de activos, el narcotráfico, el sicariato, la trata de personas y el proxenetismo son actividades complejas que requieren de conocimientos muy especiales.

Puntualizó que en la mayoría de los casos del narcotráfico  se desprenden  actividades criminales, como  el sicariato.

Refirió que en el año 2009, en el Distrito Nacional se recibieron más de 22,000 denuncias y querellas, de las  cuales más de 7,000 correspondieron  a  la violencia contra la mujer, “lo que indica que  los tribunales de esta jurisdicción están llenos de criminalidad común, de criminalidad de la calle”.

Argumentó que eso desvía un poco que los tribunales se concentren en los expedientes de más peligro para el país como el narcotráfico y otros.