Fiscal España favorece  Tribunal revise decisiones

Fiscal España favorece  Tribunal revise decisiones

El fiscal general de España y juez en licencia del Tribunal Supremo de esa nación, Cándido Conde-Pumpido, descartó ayer que la revisión por un tribunal constitucional de las sentencias de una corte suprema de justicia   cause conflictos graves.

Dijo que el modelo español permite que el Tribunal Constitucional revise las sentencias del Tribunal Supremo en ámbitos constitucionales, y que en 30 años de funcionamiento se han producido  sólo pequeños roces entre las dos instancias, pero que en su conjunto el resultado ha sido muy positivo, sobre todo, para los ciudadanos, los derechos fundamentales y concretamente para los tribunales ordinarios.

Agregó que el Tribunal Constitucional ha irradiado una interpretación de los derechos fundamentales que poco a poco se ha ido incorporando al conjunto de las decisiones de los tribunales, en  materia de presunción de inocencia, derecho de pruebas  y de tutela judicial efectiva.

Conde-Pumpido coincide con la postura, entre otros, del Procurador Radhamés Jiménez Peña, quien favorece que el Tribunal Constitucional  revise las sentencias de la SCJ. Esa posición la respaldan también el ex Procurador General de la República, Mariano Germán y connotados expertos en materia constitucional.

   Interés.  El magistrado Conde-Pumpido citó que en Europa, en particular en España, hay un gran interés por la nueva Constitución dominicana. 

“En muchos países el Tribunal Constitucional ha sido muy positivo”, recalcó el funcionario judicial, quien es además  presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

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Reglas claras

Entiende que deben establecerse reglas claras para evitar que en el Tribunal Constitucional se produzcan demoras y cúmulo de trabajo, y una de ellas es evitar pronunciarse sobre asuntos que desde el primer momento no tienen trascendencia constitucional. Citó el recurso de amparo como una de la mayor fuerza del Tribunal Constitucional en España, pues permite que los ciudadanos afectados interpongan sus recursos.

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