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POR TANIA HIDALGO
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, excluyó ayer a los funcionarios Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe Ng Cortiñas y al empresario Noe Camacho Ovalles del expediente del Programa Mínimo de Empleos (PEME), mientras que sólo mantuvo la acusación en cuanto a Luis Ynchausti, quien dirigía el programa, su hermana Grecia Peguero y León López Mata.
En el escrito de retiro de acusación, Hernández Peguero indica que los elementos probatorios del proceso a cargo del director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el contralor general de la República, el Superintendente de Valores y el empresario resultan insuficientes para sustentar un juicio oral y «probarles más allá de cualquier duda razonable los hechos que se le imputan».
El representante del Ministerio Público en el Distrito Nacional sostuvo que si bien es cierto que pudo reflejarse una falta o negligencia en la supervisión de los programa PEME y Programas de Acción Barrial (PROBADA) por parte de Peña, Lizardo y Ng Cortiñas no es menos cierto que no han podido comprobar el uso y provecho personal de los fondos erogados, puesto que su accionar se circunscribió al cumplimiento de la tramitación de asignaciones a los responsables de dichos programas.
En cuanto a Camacho, indicó que este ciudadano era el presidente de la constructora MECA, compañía legalmente constituida en razón de las leyes dominicanas y que las relaciones entre él y Luis Ynchausti eran comerciales.
El Ministerio Público depositó la instancia ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual tendrá a su cargo el conocimiento del juicio de fondo contra Ynchausti, su hermana Grecia Peguero Rivera y León López Mata (subdirector del programa), a quienes acusa de asociación de malhechores, estafa, desfalco, falsedad en escritura pública, auténtica y de banco, coalición de funcionarios y prevaricación.
El documento además de Hernández Peguero es firmado por los fiscales adjuntos Ninoska Cossio Rodríguez, Ramona Nova e Ybo Rene Sánchez Díaz.
Para sustentar la acusación, la fiscalía depositó una lista de testigos a cargo entre los que figuran el ex contralor general de la República, Federico Lalane José, la ex director de Presupuesto, Pastora Méndez de Fondeur y el ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Manuel Ramón Morel Cerda, quienes deberán ser requeridos por el tribunal.
El acta de reformulación de acusación fue presentada, luego de que el tribunal otorgara un plazo de diez días para tales fines en la primera audiencia del caso, efectuada el 6 de febrero pasado.
El Segundo Tribunal Colegiado, presidido por la magistrada Sarah Veras tomó la decisión, tras rechazar una solicitud de los abogados de los implicados en el alegado desfalco, de que fuese declarada extinguida la acción penal.
El proceso fue pospuesto para el 3 de abril próximo.
A los tres implicados en el caso se les acusa de un desfalco al Estado ascendente 1,438,000,000, toda vez que los recursos fueron utilizados en su provecho personal o entregados a personas diferentes a los reales destinatarios, cambiando así la finalidad para los cuales fueron creados los programas.
