POR TEOFILO ABREU
El ex oficial del Estado Civil Luis Felipe Rodríguez denunció que el Ministerio Público aún no ha procedido en contra de cuatro personas que alegadamente lo agredieron físicamente en el estacionamiento de Plaza Central, pese a que se querelló formalmente, identificando a los autores del hecho.

Rodríguez dijo que como consecuencia de la agresión, que, según afirmó, se produjo el pasado jueves, presenta golpes y heridas curables entre los diez y 21 días, de acuerdo al certificado médico, “pero el Ministerio Público está dando largas al asunto”.

Rodríguez, quien es abogado del Consorcio de Propietarios de Plaza Central y tiene su oficina en esa sede, identificó a sus supuestos agresores como el licenciado Hugo Molina Rolán, Joseph Charles Del Hommer y José Tezanos, contra quienes  formuló la querella ante el procurador fiscal adjunto del Distrito Nacional, licenciado Iván Vladimir Féliz Vargas.

Indicó que esas personas actuaron en compañía de un guardián de seguridad de Plaza Central, en momento en que se disponía a entrar a su oficina de trabajo.

“Como consecuencia de esa agresión, yo procedí ante el Ministerio Público y llené el acta de denuncia correspondiente. Se me prometió que ante la severidad de la agresión, que actuaría en consecuencia. Pero el Ministerio Público, lejos de actuar como dice la Ley, en los casos de flagrante delito, lo que ha pretendido es dilatar el asunto”, expresó.

“Aun cuando se me prometió una orden de arresto como consecuencia de que esas personas fueron requeridas mediante acto de alguacil, a lo cual ellos hicieron caso omiso y no acudieron a la cita.

Entonces el Ministerio Público dictó orden de arresto, lo cual no se ha materializado porque esas personas dicen tener grandes influencias”, apuntó.

El ex oficial civil manifestó que un miembro del Consejo de Administración de Plaza Central le advirtió que esas personas estaban en contacto con personas influyentes para que no se produjera la orden de arresto.

Rodríguez señaló que hace alrededor de dos meses que ha venido confrontando problemas con esas personas, que ocupan una posición dentro del Consejo de Administración, porque, según afirmó, “han pretendido desconocer el contrato de trabajo que nosotros tenemos con el condominio por espacio de cinco años”.

En ese sentido, señaló que esas personas deben sumas millonarias al Consorcio de Propietarios, de cuyo cobro él está apoderado, y han  tratado de evitarlo por todos los medios, incluyendo la agresión.

Indicó que ya antes había denunciado ante el Procurador General de la República, la Suprema Corte de Justicia, el  Colegio de Abogados y el Colegio de Notarios, y el miércoles último ante la Fiscalía del Distrito Nacional, que esa agresión iba a materializarse, debido a las amenazas que había recibido de esas personas.

“Pero el fiscal del Distrito o su ayudante no leyó, aparentemente, el contenido de la denuncia y, en consecuencia, no pudo prever las consecuencias que podrían derivarse de la advertencia y del llamado de protección que yo le hacía”, apuntó.