Hoy 
POR TANIA HIDALGO
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, consideró ayer que el problema de la delincuencia y la criminalidad no debe ser exclusivo de las autoridades, sino de todos los sectores de la vida nacional. Hernández Peguero propuso una cumbre con todos los sectores para discutir soluciones eficaces que ayuden a bajar los niveles delictivos y criminales que afectan al país.
Se hace necesario que este problema sea abordado, no única y exclusivamente por las autoridades. Todos debemos participar en el debate, puntualizó.
Hernández Peguero dijo que tanto los países de Latinoamérica como República Dominicana atraviesan momentos muy difíciles a causa de los hechos de violencia que se registran a diario. El momento es propicio para invitar al pueblo dominicano y a sus instituciones, a la sociedad civil, a las iglesias, los comerciantes, de que podemos participar para analizar cómo enfrentar efectivamente la delincuencia, sostuvo.
El fiscal se refirió al tema, tras dejar inaugurada la Oficina Anti Falsificaciones del Ministerio Público, que funcionará en la primera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Pese a que las autoridades han implementado una serie de medidas para combatir la delincuencia y la criminalidad, el mal persiste.
CASO GUILLERMO GÓMEZ
En este aspecto, el fiscal dijo que la decisión de la jueza confirma la posición del Ministerio Público en el sentido de que el periodista Guillermo Gómez aún no ha sido juzgado penalmente por la acusación de lavado de activos.
El pasado lunes, la jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Natividad Ramona de los Santos, ordenó la congelación de una cuenta que posee Gómez, ascendente a más US$10 millones.
Asimismo, dispuso la prestación de una garantía económica de RD$5.0 millones, la cual deberá pagar en un plazo de tres días, así como presentarse ante la Fiscalía el último día de cada mes durante tres meses.
El abogado del periodista, Carlos Balcácer, había solicitado al tribunal rechazar tal solicitud, en virtud de que ya una cámara de calificación se había pronunciado sobre una querella interpuesta contra su defendido por supuesto lavado de activos, la cual fue declarada inadmisible.
