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El fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, informó ayer que remitirá hoy su opinión a la Suprema Corte de Justicia sobre la demanda en declinatoria por sospecha legítima interpuesta por Ramón Báez Figueroa contra el juez que instruye el expediente en su contra por la quiebra del Banco Intercontinental (BANINTER).
Aristy Caraballo, aunque no quiso adelantar cuál será su opinión, dijo que tiene una valoración sobre los hechos porque ha conocido las documentaciones depositadas por los abogados del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la defensa del empresario Báez Figueroa.
El funcionario se refirió al tema, luego de participar en el acto de presentación del primer año de gestión del Procurador General de la República, Víctor Céspedes Martínez.
Expresó que recibió la documentación por parte de la Procuraduría General de la República para que opinara al respecto y que tan pronto dictamine lo remitirá al pleno de la Suprema, a fin de que decida sobre ese recurso.
El pasado miércoles el presidente del máximo tribunal judicial, Jorge Subero Isa, expresó que la demanda en declinatoria no había sido conocida, porque el Ministerio Público no ha remitido los documentos con su opinión.
Con relación al presunto fraude de más de RD$55,000 millones están implicados además los altos ejecutivos de BANINTER Vivian Lubrano de Castillo y Marcos Báez Cocco. También el economista Luis Álvarez Renta y el abogado Jesús María Troncoso Ferrúa.
El juez Sánchez Ortiz se inhibió hasta tanto la Suprema Corte se pronuncie sobre la demanda en declinatoria.
Los abogados Marino Vinicio Castillo, Vinicio Castillo Semán y Juárez Víctor Castillo, quienes representan a Báez Figueroa, en la demanda sostienen que resulta insólito y sospechoso que el juez Sánchez Ortiz no haya decidido sobre la petición de sobreseimiento solicitada hace más de seis meses, ni sobre la libertad provisional bajo fianza que le fuera solicitada, estuviera tan apresurado en determinar si procede o no el libramiento de mandamiento de prisión provisional, que es uno de los trámites que se realiza prácticamente al final del proceso de instrucción.
