POR TANIA HIDALGO
El fiscal del Distrito Nacional propuso ayer al Congreso Nacional la aprobación de una ley General de Juegos y Apuestas que provea al Estado de mecanismos y recursos para desestimularlo y prevenirlo a través de campañas educativas y en la que se establezcan sanciones penales ejemplarizadoras a las operaciones ilegales.

El doctor José Manuel Hernández Peguero, en una comunicación remitida a los presidentes del Senado, Andrés Bautista, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, planteó que las novedosas modalidades de apuestas y juegos a través de la Internet y la masiva publicidad no supervisada y dirigida a sectores empobrecidos y carentes de educación, refuerzan la idea sobre la necesidad de una intervención legal estatal más efectiva.

Sostiene que ante la ley observada por el presidente de la República «nos permitimos proponerles abordar la reglamentación legal de los juegos y apuestas a través del diseño de una política pública, que contemple estrictos controles de regulación y los establecimientos de programas y centros que auxilien a los adictos, para así satisfacer la Constitución de la República».

Consideró que los juegos, junto al consumo excesivo de alcohol, drogas y estupefacientes, constituyen factores que inciden en la criminalidad, estabilidad familiar y deserción escolar, entre otros males.

Agregó que la nueva ley debería abandonar la concepción recaudadora de ingresos que ha primado en las distintas reglamentaciones dispersas que existen.

Sugirió a los senadores y diputados que, al momento de analizar la ley que propone, procuren opiniones de las organizaciones que tratan el problema de la adicción y las instituciones que agrupan a los dueños de establecimientos en donde se juega.

Desde el 5 de diciembre a la fecha, el fiscal ha recaudado cientos de firmas en repudio a la ley que autoriza la instalación de máquinas tragamonedas.

Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó la ley que autoriza la instalación de máquinas tragamonedas en las bancas deportivas, extiende el horario de los casinos y exonera a los dueños del pago de los impuestos establecidos en el código tributario, creando un privilegio frente a los demás negocios. De acuerdo con Hernández Peguero, esa ley resulta violatoria al artículo 8 de la Constitución que establece como una de las finalidades del Estado adoptar normas que combatan «los vicios sociales con medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y organizaciones internacionales».

Hernández Peguero manifestó que cientos de ciudadanos, organizados a través de los Voluntariados de Apoyo a las Fiscalías Barriales les han pedido que continúe la lucha en contra del establecimiento legal de las máquinas tragamonedas, lo que se comprometió asumir en su condición de ciudadano y funcionario responsable.