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Tegucigalpa, (EFE).- El fiscal general de Honduras, Luis Rubí, afirmó que no se anularán los procesos contra el ex presidente Manuel Zelaya, a quien exhortó a regresar, presentarse a la Justicia y «si tiene la razón que se le absuelva».
«El Ministerio Público no puede retirar los requerimientos fiscales» contra Zelaya por delitos políticos y comunes, por los que tiene órdenes de captura, dijo Rubí en unas declaraciones publicadas hoy por la prensa local.
En alusión a Zelaya, quien se encuentra en República Dominicana y pidió esta semana al presidente hondureño, Porfirio Lobo, que se anulen los procesos en su contra, Rubí expresó: «Que venga, que comparezca y si tiene la razón que se le absuelva».
El fiscal aseguró que no hay persecución política ni personal de su parte contra Zelaya, quien fue derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009.
Recordó que en los últimos meses se han presentado ante la Justicia varios ex funcionarios del Gobierno de Zelaya acusados de supuesta corrupción y que estaban prófugos, a quienes se aplicaron medidas cautelares para escucharles en libertad e incluso a algunos se les dictó sobreseimiento.
Si Zelaya regresa a Honduras y declara ante la Justicia, gozará de todas las garantías que la legislación hondureña establece, «ya que para eso existe el debido proceso», agregó.
Rubí también recordó que los delitos políticos están sujetos a un decreto de amnistía vigente desde febrero pasado, tras su aprobación en enero por el Congreso Nacional, pero insistió en que Zelaya debe comparecer ante los jueces para que se le pueda aplicar, pues es un «ciudadano común como cualquiera, iguales ante la ley».
Zelaya rechazó el ofrecimiento de Lobo de regresar al país, aunque puso como condición para ello que se anulen los procesos y, por tanto, las órdenes de captura en su contra, a lo que el gobernante respondió que si vuelve tiene que someterse a la Justicia y que no se pueden emitir resoluciones exclusivas para él.
El Ministerio Público acusó a Zelaya de delitos políticos por convocar una consulta popular, declarada ilegal por varios órganos del Estado, para promover una Asamblea Constituyente, y de delitos comunes por supuesto desvío de fondos públicos.
