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La ley prohíbe la tortura, las palizas y el abuso físico de los detenidos y encarcelados, pero miembros de la Policía continuaron esas prácticas
El informe de los Derechos Humanos del Departamento de Estado de EU deploró que fiscales adjuntos consintieran, en 2008, prácticas policiales inapropiadas en lugar de insistir en que fuesen cambiadas para adaptarse a estándares constitucionales. En su capítulo Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, el informe destaca que abogados de la fiscalía del Distrito Nacional monitorearon los procesos investigativos para garantizar que se respetaran los derechos de los detenidos en estaciones policiales y en la DNCD.
El informe de los Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, deploró que fiscales adjuntos consintieran, en 2008, prácticas policiales inapropiadas en lugar de insistir en que fuesen cambiadas para adaptarse a estándares constitucionales.
En su capítulo Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, el informe destaca que abogados de la fiscalía del Distrito Nacional monitorearon los procesos investigativos para garantizar que se respetaran los derechos de los detenidos en estaciones policiales de alto volumen y en varias oficinas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Sostiene que aunque la ley prohíbe la tortura, las palizas y el abuso físico de los detenidos y encarcelados, miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la Policía, continuaron esas prácticas.
Dice que la Procuraduría informó que la Policía estuvo involucrada en incidentes que dieron como resultado la mutilación o el daño severo a civiles desarmados.
Sin embargo, precisa, que mejoró en la supervisión, la concienciación y la responsabilidad, lo que condujo a una percepción de que la Policía estaba realmente haciendo esfuerzos por reducir los incidentes de abuso físico de los detenidos.
Señala que profesionales del derecho presentaron cargos contra algunos oficiales de la policía o militares, alegando tortura, abuso físico y crímenes relacionados, lo que obligó a las autoridades enviar nuevos casos de abuso y tortura a los tribunales civiles en lugar de a los tribunales policiales.
El documento expone que los oficiales policiales de alto rango trataron la prohibición de la tortura y abuso físico con seriedad, pero la falta de supervisión y entrenamiento en todo el sistema policial y correctivo menoscabaron los esfuerzos para contener el problema.
Observó abuso físico a los detenidos, mayormente golpes. Además, los oficiales civiles de corrección se inclinaron a la insubordinación y abuso carcelario.
Informe cita algunas violaciones 2008
El informe sobre Derechos Humanos, del Departamento de Estado, recuerda que en mayo, policías penitenciarios golpearon a una misionera cuando se negó a quitarse la ropa para ser examinada luego de llegar a la cárcel de Najayo a visitar a los prisioneros. Consecuentemente, las autoridades removieron a los altos oficiales de la prisión por actos de corrupción no relacionados, establece el documento.
No hubo evolución en la querella de julio de 2007 presentada por la ONG Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra la Policía con respecto al caso de Javier Vicente Reyes Segura, quien recibió un disparo en la pierna durante una parada en un semáforo.
En cuanto a las cárceles, el informe indica que aunque las condiciones de esos centros fueron generalmente de pobres a extremadamente duras, el gobierno hizo avances con «prisiones modelos» más nuevas, donde los presos son tratados bajo mejores condiciones profesionales.
En general, afirma, que los informes de maltrato y violencia entre los presos fueron comunes, así como los abuso de parte de los guardias de la prisión a los visitantes.
