Fiscales adjuntos del Distrito Nacional y de las regiones Sur y Este manifestaron ayer su preocupación por el tratamiento que a nivel de la justicia se le da a los delitos de trata y tráfico de ilícito de personas.

Estiman que detrás del delito de trata y tráfico de personas hay una asociación de malhechores, ejecutado por personas peligrosas de las cuales muchos “son personas de cuello blanco”. a juicio del fiscal adjunto del Distrito Judicial de Samaná.

Coinciden en señalar la necesidad de que el tráfico ilícito de personas  sea realmente tipificado como trata a la hora de aplicar penalidad a los que cometen ese delito.

  Los fiscales adjuntos  Jonathan Baró y Elvira Rodríguez, del Distrito Nacional; Elizabeth Rijo, de la provincia La Altagracia; Eduardo Valdez,   de San Juan de la Maguana,  y Juan Medina, de Samaná, hablaron de la persecución de los delitos de trata y tráfico ilícito de migrantes: experiencia del Ministerio Público ante ese fenómeno en la República Dominicana, en la Conferencia Trata de Personas que concluyó ayer en la Cancillería.

 En su exposición, Elvira Rodríguez dijo que en el país los casos  de trata que se están presentando son tipificados como uso de documentos falsos y como estafa y se olvidan del tráfico de personas,   que conlleva una mayor penalidad.

Medina afirmó que    en el país no hay personal preparado, no solo en el Ministerio Público, sino también en la Policía Nacional y los jueces para enfrentar ese tipo de traficantes.

  A su juicio, hace falta sensibilidad por parte de los jueces y recomendó que el Estado y las organizaciones  no gubernamentales  (ONG) se  empoderen del tema de trata de personas.

    De su lado la vicecaministra de Asuntos Consulares y Migratorios de Relaciones Exteriores, doctora Rosario Graciano de los Santos, afirmó que la trata y el tráfico de personas es un problema mundial, que no puede encontrar soluciones en acciones nacionales aisladas, sino que requiere de una cooperación internacional amplia de carácter multilateral disciplinario entre todos los países.

Graciano de los Santos dijo que el Estado    ha dado pasos muy relevantes en la dirección de formular e implementar acciones de políticas públicas contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

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Los haitianos

Eduardo Valdez, fiscal  adjunto de San Juan de la Maguana,  dijo que en esa provincia el mayor problema de tráfico ilícito de personas se verifica con los haitianos, muchos de los cuales son reclutados para trabajar y otros para ejercer negocios ilícitos entre estos la prostitución. Se le cobra para traerlos, según dijo.