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La Procuraduría General de la República no encontró ningún elemento de prueba que vinculara a tres fiscales mencionados como protectores del narcotráfico en Puerto Plata, en las acciones denunciadas por la Policía Nacional a raíz del apresamiento de 27 de sus miembros por acciones delictivas en esa provincia.
La investigación fue hecha por el procurador general adjunto Ramón Arístides Madera, quien concluyó en que no debe tomarse ninguna acción ni medida disciplinaria en contra de los fiscales adjuntos Ramón Núñez Liriano, Wilfredo Martínez y Grimilda Disla Mateo.
No existe constancia, prueba, denuncia o testimonio que involucre a los magistrados, precisó Madera en su informe.
Argumentó que la comisión investigadora de la Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría hizo interrogatorios a más de 60 testigos civiles y militares, interceptó llamadas telefónicas y se pudo comprobar de manera fehaciente, que miembros de la Policía participaban en actividades de sicariato al servicio de narcotraficantes.
Sin embargo, explicó Madera, no existe testimonio o conversación telefónica que involucre a un miembro del Ministerio Público.
El destape fue por fiscal. Según el informe de la Procuraduría, la investigación de los fiscales de Puerto Plata permitió destapar la caja de pandora que reveló la participación de agentes de la PN, DNCD y Marina de Guerra en el cobro de peaje, protección y sicariato a favor de bandas al servicio del negocio de las drogas.
La clave
Yerro por inexperiencia
El informe señala que la fiscal Disla devolvió un arma de fuego ocupada en un allanamiento junto a drogas y un carné militar al imputado William Peña, luego de que se le impusiera presentación periódica como medida coercitiva. Ante esto, el informe dice que Disla consideraba que el arma estaba amparada en una licencia válida. Debe colegirse que se trató de un cometido por inexperiencia de la magistrada, que cometió un error involuntario, razón por la que le debe ser perdonado, precisa.
