En medio de los cuestionamientos a autoridades judiciales y policiales que participaron en los allanamientos en el residencial “La Mulata III”, en Sosúa, dos fiscales adjuntos  solicitaron al Ministerio Público su traslado de Puerto Plata. Se trata de los magistrados Ramón Antonio Núñez y  Grimilda Disla Mateo, informó ayer la  procuradora fiscal de ese  Distrito Judicial, Alba Núñez Pichardo.

¿Desacatos? Núñez Pichardo atribuyó la petición de ambos fiscales al  hecho de no pueden ajustarse a las reglas institucionales.  Afirmó que siempre ha sido una persona apegada a los valores y a la institucionalidad, y que desde que asumió la titularidad de la Fiscalía de Puerto Plata trazó los lineamientos de trabajo en pro de lograr un objetivo común en la institución, evitar la discresionalidad o la parcialidad en algún caso, y tener criterio en cada decisión que se tome.

“Cuando cometen una falta que viola  la norma disciplinaria de la institución, también yo tengo que llamarles la atención y si es necesario, generar un informe al Ministerio Público, y esas acciones que he tomado responsablemente, ellos entienden que  son persecución, vigilancia excesiva”, dijo.