Hoy 
El Ministerio Público presentó ayer sus conclusiones contra los 27 co-imputados de la matanza de los siete colombianos en el municipio de Paya, solicitando al Primer Juzgado de la Instrucción que los envíe a todos a juicio de fondo y que les reitere la medida de coerción a los que tienen prisión preventiva.
Mientras que los abogados, que también comenzaron a presentar sus conclusiones, le pidieron al magistrado Román Berroa Hiciano que rechace la apertura a juicio con un auto de No ha Lugar, y que ordene la libertad de los imputados
Al cumplirse un año y cinco meses de la matanza, ocurrida en la comunidad de Ojo de Agua el 3 de agosto de 2008, los fiscales que llevan la acusación, encabezados por Francisco Polanco, reiteraron las pruebas de que el grupo integrado por marinos, policías y civiles, cometió asesinato, actividades de narcotráfico, asociación de malhechores, y algunos violación de la Ley de Lavado de Activos.
El Ministerio Público se opuso al ruego de los abogados de los diez inculpados que hablaron en la audiencia de ayer para que se les varíe la calificación jurídica, por considerar que las pruebas no fueron obtenidas de manera legal.
Los abogados Jaime Terrero y Raysa Lara, defensores de Lara Martínez, presentaron documentos sobre los negocios de su cliente, para descartar su participación en el crimen. Afirman que estuvo en su casa el día que ocurrieron los hechos. Marino Félix, defensor de Montás Vargas, rechazó que fuera el autor del múltiple homicidio y que en un vehículo suyo fueran transportados los colombianos. Guzmán Pérez, imputado por ocho kilos de droga incautados en la Avenida Ecológica, dijo en que este país solo se le cree a los generales, y no a ellos.
Los imputados
El crimen de Paya por el presunto tumbe de 1,300 kilos de cocaína se le atribuye a los ex marinos Ricardo Rafael Guzmán Pérez, Edward Mayobanex Rodríguez Montero, Miguel Peña Figuereo, Jorge Luis Chalas, Antonio Roché Pineda, Andrés Tapia Balbuena, Jesús Sánchez Piña, los ex policías Redys Manuel Encarnación y José Vinicio Simé, quien es abogado. Los civiles acusados son Luis Jesús Lara Martínez, José Luis Montás Vargas (El Duro Motor), Girson Antonio González, Augusto Alberto Danery, Orín Clinton Gómez, Yaneuris Manuel Calvo, Dennis Jairo Rodríguez, Pedro González Estévez, Domingo Enésimo Marmolejos, Kilvio Santana Féliz. Joaquín Féliz Pérez. Noe Martín Sterling Villalón, Alexander Restrepo Carmona, Félix Mora Terrero, Víctor Montás Pérez, el colombiano René Rueda Martínez o Andrés Berroa Mercedes (Kapi).
Fiscal del DN recibe amenazas
Al fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, le reforzaron la seguridad personal, luego de que recibiera amenazas por la vía telefónica, lo que atribuye a su labor en contra del crimen y el narcotráfico, y a que incautara más de US$100 millones a personas que incurren en estos delitos.
Durante la gestión de Moscoso Segarra han sido encarceladas personas consideradas cabecillas de redes de narcotraficantes, en vínculos con pejes gordos de distintos estamentos del país y conexión con narcotraficantes del exterior.
El fiscal ha logrado que los tribunales ordenen la confiscación de apartamentos, casas y vehículos de lujo, así como fincas apreciadas en sumas millonarias, yates, relojes de las mejores marcas del mundo, armas y grandes cantidades de dinero.
El ministerio público no identificó la procedencia de las llamadas y al ser entrevistado por periodistas, evitó entrar en detalles sobre la situación. Empero, es evidente que la seguridad le fue reforzada, como lo confirmó.
Entre los sectores con los que Moscoco Segarra libra una lucha contra el narcotráfico se citan individuos de barrios populares, jóvenes considerados de familias poderosas, militares, policías, políticos y hasta funcionarios.
Moscoso Segarra investiga casos complicados como los de los narcotraficantes José David Figueroa Agosto y Manuel Emilio Mesa Betré (El Gringo).
