FAUSTINO COLLADO
Resultan oportunas las recientes declaraciones del doctor Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en favor de que se instituya en el país una Fiscalía Nacional Anti Corrupción.

Hace alrededor de diez  años que se viene presentando esa opción, como un mecanismo más expedito y eficiente en la lucha contra la corrupción administrativa, en una sociedad cada vez más corrompida.

A finales de los años 90 ya se había extendido la opinión de que con fiscales partidarios, bajo la autoridad de una cadena jerárquica politizada, rotados con frecuencia, y siempre tentados por el brillo del dinero, era muy difícil que se persiguiera a los corruptos.

Incluso, fiscales especiales anti corrupción, pero con limitado poder, como los Ayudantes del Procurador General de la República, que han dirigido al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), creado en 1997, particularmente el caso del doctor Justo Pedro Castellanos, el cual tuvo que renunciar porque estaba atado administrativa y políticamente, como lo está el director actual, doctor Octavio Líster, demostró que el DPCA no era el mecanismo adecuado para enfrentar penalmente la corrupción.

Por estas razones, ya para el 21 de agosto de 2000, el nuevo Presidente de la República, haciéndose eco de las propuestas de diferentes núcleos de la sociedad, envió al Senado el proyecto de ley para crear la Fiscalía Nacional Anti Corrupción. Este proyecto, sin embargo, no recibió la atención y el seguimiento debidos de parte de los senadores del período 1998-2002, ni del Presidente de la República, pasándole legislatura tras legislatura sin ser discutido.

Para el año 2003, por iniciativa del DPCA, del Programa Transparencia y Gobernabilidad de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), así como de varias organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana, se inició un proceso de revisión del proyecto de ley sobre la Fiscalía Anti Corrupción, esfuerzo que contó con la buena voluntad y colaboración del ex senador de Puerto Plata, Tomás Durán, re-elaborándose y presentándose un nuevo proyecto de ley para crear la Oficina Nacional de Prevención e Investigación de la Corrupción (ONPIC).

El proyecto de ley para la creación de la ONPIC, cuyo director iba a tener funciones muy semejantes a las que se le supone a un fiscal anti corrupción, fue aprobado por el Senado de la República en el mes de julio de 2003 y enviado a la Cámara de Diputados, la que lo remitió a su Comisión de Justicia el 22 de julio de 2003, donde perimió y murió.

Luego de estas frustradas experiencias, el ex senador por el Distrito Nacional, José Tomás Pérez, retoma el tema y presenta en el mes de marzo de 2005 el Proyecto de Ley Contra la Corrupción Administrativa, esta vez para crear la Procuraduría General Anti Corrupción. El proyecto fue a Comisión Especial, la que dio su informe favorable el 24 de octubre de 2005, pero corrió la misma suerte que los proyectos anteriores.

Ante esta falta de voluntad política que ha habido para fortalecer la lucha contra la corrupción, pues cuando se ha querido que se apruebe un proyecto se hace en tres días y éste lleva ya siete años, resulta reconfortante que un funcionario público de la relevancia del presidente de la Suprema Corte de Justicia reivindique la necesidad de una Fiscalía Anti Corrupción, para iniciar la superación de una etapa de debilidad en el Ministerio Público frente a este flagelo que corroe a todas las instituciones, públicas y privadas.

Ahora bien, supóngase que el Poder Ejecutivo y los legisladores actuales concuerden en crear la Fiscalía o Procuraduría Anti Corrupción, aceptando, incluso, la vía propuesta por el doctor Subero Isa, de que este Fiscal Nacional sea seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Cabe preguntarse si este paso sería suficiente para una lucha exitosa frente a la corrupción, lucha que tiene tres partes inseparables, que son la prevención, la investigación persecución y el castigo o condena judicial.

Si la persecución ha sido deficiente, qué tal ha sido el castigo en juicio de los corruptos? La sociedad también está inconforme con los tribunales y sus jueces. Por esta razón, la creación de la Fiscalía Anti Corrupción debe ser complementada con la creación de un Tribunal Especial para los Casos de Corrupción que, incluso, pueda ser especializado por los montos envueltos, evitando así su congestionamiento.

Este Tribunal Especial puede ser creado por ley, pudiendo iniciar su funcionamiento antes que la Fiscalía Anti Corrupción, la que debe esperar la próxima reforma constitucional, si se quiere que dependa del Consejo Nacional de la Magistratura.

Esperamos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia apoye esta propuesta, así como también el Presidente de la República y los legisladores acepten la propuesta del doctor Subero Isa, para que el país avance por el camino correcto.

faustinocollado@msn.com