AZUA.  El Ministerio Público trata de  determinar la verdad sobre  las supuestas fracturas y heridas sufridas por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que actuaron en el incidente en que dos personas murieron y varias resultaron heridas.

Además, buscan esclarecer la procedencia de  los impactos de bala que sufrió la camioneta en la que estos se transportaban, y que se alega fueron originados por moradores del  lugar.

Así lo informó el procurador fiscal de esta provincia,  Rafael Brito Peña, que sostuvo que no asumirá como parte del expediente las 20 bolsitas  de un material que se presume cocaína, que, según  la patrulla de la DNCD,  recuperó en el sitio del suceso, en virtud de que estas  no le fueron reportadas oportunamente.

El magistrado dijo   que no habrá contemplación, y que todo el peso de la ley recaerá sobre las personas que resulten responsables  por las muertes, golpes y heridas causadas,  sin importar el rango militar o policial, ni la posición social.

En el incidente murieron   Betsaida Cordero Frómeta, de 42 años   y  Bernardo Ramírez,  de 52, y otras siete sufrieron heridas.

Brito Peña indicó que  el Ministerio Público se encuentra a la espera de los resultados de las pruebas de balísticas realizadas a las armas utilizadas por los miembros de la agencia antidrogas.

El hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada en el  barrio San Francisco, de  Sabana Yegua.