La Fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó ayer una denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el presidente Michel Temer y otras 5 personas por su supuesta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos.
La Fiscalía se apoyó en un informe presentado por la Policía Federal, que halló indicios de que Temer sancionó decreto alteró la ley de puertos y benefició empresas del sector portuario.
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, una de las principales empresas beneficiadas por la firma del decreto fue Rodrimar, que opera en Sao Paulo, un reducto de influencia política de Temer. Rodrimar ha sido señalada por investigadores como una de las principales responsables por el pago de coimas a Temer, quien habría recibido 32.6 millones de reales (US 8.33 millones) de dinero ilícito.
Los pagos de sobornos eran realizados a través de empresas de amigos de Temer, entre ellas una atribuida al coronel retirado de la Policía Joao Baptista Lima Filho, quien llegó a ser preso en marzo y también fue denunciado ayer por la Fiscalía, en último día antes del inicio del receso judicial.
La investigación del decreto de puertos fue abierta en septiembre de 2017 a partir de revelaciones y pruebas recogidas en acuerdos de colaboración judicial con algunos acusados que apuntaron la participación del jefe de Estado.
Desde que asumió la Presidencia en 2016, Temer ha sido objeto de diversas sospechas de corrupción que incluso, en dos ocasiones, llegaron a materializarse en denuncias formales presentadas por la Fiscalía General ante la Corte Suprema. Sin embargo la Cámara de Diputados se negó a despojarle de sus fueros e impidió apertura de juicio penal.