Hoy 
Más de 150 actas de nacimiento instrumentadas en el exterior se transcribieron en la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral (JCE) sin cumplir los requisitos de ley, tales como su legalización y el pago de impuestos en la Cancillería, la Procuraduría General de la República y los consulados dominicanos.
Así lo revela el informe sobre la investigación en ese departamento por la Fiscalía del Distrito Nacional, que la Cámara Administrativa remitió este fin de semana al presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán.
En el informe, copia del cual obtuvo HOY, se insinúa que la mayoría de los investigados en torno a las irregularidades detectadas se orientan hacia la doctora Ivelisse Grullón Gutiérrez, a la que responsabilizarían de las violaciones al procedimiento para el manejo de los expedientes VIP.
Incluso, el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, destaca en su informe que cuando la doctora Grullón Gutiérrez fue citada para hablar sobre el caso, acudió acompañada de su esposo, Luis Antonio Moquete Pelletier, que fungió como su representante legal, pero quien, además, en ocasiones hizo las veces de traductor judicial de algunos de los expedientes firmados por dicha funcionaria, los cuales no contaban con el debido pago de los impuestos de ley.
Sistema informático. Según la investigación, para cometer las irregularidades se vulneró un sistema informático llamado A y B, creado especialmente para asignar de manera aleatoria los expedientes por áreas específicas (transcripciones, rectificaciones, etc.) a los abogados que trabajan en la consultoría jurídica de la JCE.
La violación consistía en que el sistema está diseñado para darle entrada exclusiva a las sentencias que ordenaban rectificaciones de actas en diferentes Oficialías del Estado Civil de una misma jurisdicción, y se utilizó para otros expedientes que no guardan relación y para hacer reasignación.
Los investigados
Además de Grullón Gutiérrez, quien es sub-consultora de la JCE, se interrogó a otros empleados de la consultoría jurídica, entre ellos a Bladimir Paredes, encargado de darle entrada a los expedientes depositados por los ciudadanos; la subconsultora María del Pilar Merán Alcántara, las abogadas Rosmy Arias Collado, Evelyn Odalís Ramírez Luna, Damaris Sánchez Gómez y Yoselyn Dolores Paulino Camacho.
Paredes declaró que la reasignación de casos solo podía hacerla el consultor jurídico Guarino Cruz, Grullón Gutiérrez, Merán Alcántara y las secretarias de éstos, que son las únicas personas con acceso general al sistema A y B.
Merán Alcántara dijo que tiene un papel pasivo dentro del departamento y que los expedientes VIP los maneja Grullón Gutiérrez.
Arias Collado, de su lado, afirmó que ella utilizaba el sistema para darle entrada a expedientes VIP que le eran referidos por Grullón Gutiérrez.
Mientras, Ramírez Luna afirmó que una serie de expedientes viciados que tenían sus iniciales no los trabajó ella sino Mireya Disla, quien a su vez declaró que la responsable de los mismos era Grullón Gutiérrez.
Sánchez Gómez admitió que en ocasiones se autorizaban expedientes sin la debida formalidad, y que la mayoría eran ordenados (autorizados) por Grullón y en menor medida por Merán.
A Pulino Camacho se le cuestionó sobre 17 expedientes que se le asignaron y otros tres VIP irregulares. Con relación a los primeros dijo que les fueron requeridos y autorizados por uno de sus superiores.
Las claves
1. Otras declaraciones
En el informe figuran las explicaciones de Pulino Camacho sobre la emisión de tres expedientes de forma irregular. En tal sentido, explicó que fueron firmados por Grullón Gutiérrez, al igual que casi la totalidad de otros 17.
2. Explicación
La doctora Grullón me dijo que si me preguntaban al respecto de las transcripciones sin legalizaciones que informara que las mismas se autorizaban o han sido autorizadas como una práctica constante en algunos casos, dijo Paulino.
