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MADRID. AFP. El fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, se querellará contra el presidente regional catalán, Artur Mas, por la consulta simbólica sobre la independencia de esa región, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
«El Ministerio Fiscal emprenderá las acciones legales oportunas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», señaló el texto, para plantear esta «querella por el llamado proceso de participación ciudadana del pasado 9 de noviembre», informó la fiscalía en un comunicado.
Torres-Dulce ha recibido este miércoles el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala, órgano asesor presidido por el propio fiscal general del Estado para presentar una querella.
La consulta tuvo lugar a pesar de la suspensión, decretada el 4 de noviembre, por el Tribunal Constitucional, con los medios del Estado y la implicación directa del ejecutivo catalán, abriendo una crisis sin precedentes entre poder regional y central desde la promulgación de la Constitución en 1978.
Torres-Dulce había pedido a la fiscalía en Cataluña presentar la querella, pero el lunes, los fiscales catalanes se negaron a obedecer esta orden, considerando que no había argumentos suficientes para la misma. «En Cataluña, los fiscales están contaminados por el ambiente nacionalista», llegó a afirmar el vicesecretario de organización del gobernante Partido Popular (PP, derecha), Carlos Floriano.
Desobediencia.
Ante esta fronda, el fiscal general reunió a la Junta de Fiscales de Sala que han apoyado seguir con la querella.
Torres-Dulce propuso a los 27 fiscales de esta Junta presentar una querella contra Mas, la vicepresidenta del ejecutivo regional catalán, Joana Ortega, y la ‘consellera’ (ministra regional) de Enseñanza, Irene Rigau, por cuatro delitos.
Según esta propuesta, al celebrar una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, Mas podría haber cometido delitos de «desobediencia, usurpación de funciones, prevaricación (dictar una decisión a sabiendas de que es injusta, ndlr) y malversación» de fondos públicos, en referencia probablemente a los que sirvieron para financiar esta consulta.
No obstante, el contenido exacto de la querella por la consulta se conocerá tras concretarse en la demanda «las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión celebrada» este miércoles.
Según resultados divulgados al día siguiente de la votación, 2,3 millones de los 7,5 millones de catalanes participaron en la consulta en esta región donde el independentismo ha crecido, favorecido por los efectos de la crisis. Cerca de un 80% de los que acudieron a votar, es decir, 1,8 millones, dijeron «sí» a la independencia. La votación fue calificada de éxito total por Mas, que asumió abiertamente la eventual responsabilidad judicial de estos actos.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, consideró, por su parte, que se trataba de un «fracaso», subrayando que sólo un tercio del electorado potencial acudió a las urnas.
Doble suspensión.
El Tribunal Constitucional suspendió en dos ocasiones la organización de una consulta sobre la independencia de la región promovida por la coalición nacionalista conservadora CiU, que lidera Mas, y otras tres formaciones catalanas.
Primero, suspendió el 29 de septiembre un referéndum sobre este asunto y después la votación simbólica, sin censo ni comisión de control, que sustituyó a la consulta inicial. En los dos casos, el tribunal no se pronunció sobre el fondo, limitándose a suspender ambas consultas automáticamente tras la admisión de un recurso contra las mismas del gobierno, a las espera de juzgar el caso.
Ignorando esta suspensión, Mas desafió al gobierno conservador de Rajoy, opuesto a cualquier referéndum de autodeterminación.
Desde entonces, el diálogo sigue bloqueado, a pesar de los llamamientos cada vez más urgentes de varias formaciones de la oposición pidiéndole que priorice la política frente a la justicia.
Rajoy también sufre las presiones del ala dura de su partido para que reaccione frente a lo que consideran un afrenta al poder central.
