POR TANIA HIDALGO
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, advirtió ayer a las personas que ostenten bienes pertenecientes al ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo que los entreguen al Ministerio Público porque, de lo contrario, serían incluidos en el expediente en calidad de cómplices. Hernández Peguero informó que recientemente fue incautada una finca en Baní que se presume fue por donde entró la droga.

Dijo que tres personas que laboraban en la finca están siendo perseguidas, entre ellas, el administrador y dos haitianos. No reveló los nombres.

El representante del Ministerio Público sostuvo, además que hay persecución contra seis o siete personas que participaron en el traslado y empaque de la mercancía.

El magistrado refirió que el artículo tres de la ley 72-02 sobre Lavado de Activos establece que incurre en violación a esa ley quien encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes, así como el que se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite o asesore a los responsables de cometer este tipo de infracción.

«Además de los bienes que Paulino Castillo ostentaba, a través de compañías o físicamente, hay testaferros, personas que poseen o están asociados a él», precisó.

Insistió en señalar que «aquellas personas que ocultan, distraen o sobre quienes existen registradas propiedades pertenecientes a los implicados, deben presentarse ante el fiscal para que se proceda a su incautación porque de lo contrario nosotros lo consideraremos como cómplice, en razón de que han simulado la propiedad de bienes que son producto de actividades ilícitas como ésta», insistió.

Paulino Castillo guarda prisión desde el pasado sábado, luego de ser detenido junto a su esposa Belkis Elizabeth Ubrí Medrano, acusado de un cargamento de 1,387 kilos de cocaína.

En relación al caso están implicados además el teniente coronel Lidio Arturo Nin Terrero y el chofer Tirso Cueva Nin.

FALTÓ ORDEN INTERVENIR

Al conversar en su despacho con reporteros de HOY, el fiscal reiteró que la lentitud de la jueza interina del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte Gómez, para autorizar la intervención de tres números telefónicos fue lo que motivó que la operación fuera abortada. Explicó que a las 12:40 del mediodía, del sábado 18 de diciembre, la fiscalía del Distrito Nacional pidió la intervención de tres número de teléfonos, dos de los cuales correspondían al vehículo que debía escoltar la droga y otro del contacto en Santiago y que no fue hasta las 11:10 de la noche cuando la magistrada respondió, «es decir después de la incautación».

«Eso fue lo que motivó que la operación abortara y no se le pudiese dar seguimiento porque no teníamos contacto con el camión en el que iba la droga, más que visual. No teníamos intervenido el teléfono que llevaban las personas que abordaban el camión sino que tan sólo podíamos escucharlo cuando ellos se comunicaban con Quirino, entonces ahí se dificulta la operación y la orden es atrapar primero la droga», narró.

En ese sentido, el fiscal considera que la jueza actuó con negligencia, por lo que exhortó a la Suprema Corte de Justicia analizar el caso.

«Yo no interpreto en esto una intención dolosa de parte de la jueza, pero creo que esa actuación debe ser investigada. Es que la operación tuvo que ser abortada antes de llegar a su destino», puntualizó.

No obstante, agregó que como parte de las pesquisas se han realizado allanamientos debidamente autorizados por un juez de la instrucción en busca de documentos y otras evidencias.

«Más de las que tenemos porque hay suficientes. Las pruebas que poseemos son más que suficientes para nosotros deducir que Quirino era el propietario de este negocio ilícito», refirió.

Citó entre las evidencias las transcripciones de las conversaciones que sostuvo el ex capitán con otras personas durante la preparación y empaque de la droga.

Agregó que posee grabaciones de las instrucciones que daba y de su presencia donde se hizo la operación de despacho de la droga hacia «un destino que todavía no hemos establecido, pero que entendíamos que era el Cibao por la ruta recorrida hasta el momento de la ocupación».

Puntualizó que tenían intervenido el teléfono de Quirino, quien se hacía llamar también «El Don» o Pedro desde el 13 de diciembre del 2004.

Explicó que el día de la operación (sábado 18) se identificaron los teléfonos donde personas que participaron en el empaque y preparación de la mercancía recibían llamadas de Quirino, quienes, a su vez, le llamaban.

Dijo que la persona que estaba empacando la droga era apodado «cuñao» y el que la recibiría en Santiago José Luis.

Explicó que la investigación se inicia por informaciones que le llegan sobre el manejo que este señor hace de grandes cantidades de dinero en efectivo, «pero además de la ostentación de tantos bienes, de procedencia desconocida».

Señaló que han continuando la incautación de bienes propiedad del ex oficial.

Quirino está preso en la Dirección Nacional de Control de Drogas, su esposa fue puesto en libertad provisional bajo fianza y los otros dos implicados guardan prisión en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El pasado lunes, el juez interino del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Hiciano Berroa, en una vista celebrada para conocer las medidas de coerción había solicitada que los tres inculpados sean trasladados a la cárcel de Najayo, San Cristóbal.