EFE 
Imagen de archivo del presidente electo, Bernardo Arévalo. EFE/EPA/WILL OLIVER
Ciudad de Guatemala(EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala afirmó que pedirá el retiro de la inmunidad para el presidente electo, Bernardo Arévalo, y su vicepresidenta, Karin Herrera, por un supuesto caso de daños contra el patrimonio de la universidad estatal.
En una rueda de prensa, la Fiscalía acusó a Arévalo y Herrera de participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus universitario, en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores.
El fiscal Saúl Sánchez, a cargo de la investigación, aseguró que el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.
Durante la presentación del caso, el fiscal Sánchez mostró como supuestos indicios contra Arévalo de León capturas de pantalla de videos del presidente electo en las instalaciones de la universidad, participando en eventos académicos, cuando el campus ya había sido liberado.
Registran la residencia de una excandidata
El Ministerio Público registró la residencia de una excandidata a diputada y militante del partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
El allanamiento fue confirmado por fuentes de la misma agrupación política y afectó a Marcela Blanco, una comunicadora y excandidata a diputada que forma parte del Movimiento Semilla.
Desde julio pasado el Ministerio Público guatemalteco ha interferido con actuaciones en las elecciones de este año, ganadas por Arévalo de León.
Movimiento Semilla y allanamientos postelectorales
Blanco fue candidata a diputada en las elecciones celebradas del 25 de junio, pero no quedó entre los 23 legisladores electos por el partido Movimiento Semilla.
Según constató EFE, varios miembros de las fuerzas de seguridad se encuentran en la residencia de la comunicadora, de 24 años de edad, ubicada en un sector en el sur de la Ciudad de Guatemala.
El Ministerio Público no ha informado específicamente sobre el caso de Blanco, pero detalló en sus canales oficiales que se encuentra realizando allanamientos por delitos contra el patrimonio de la nación, por cargos de sedición y asociación ilícita, con varias órdenes de captura.
Crisis política en Guatemala
Diversos actores de la comunidad internacional, como el Gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), han condenado la intervención judicial de la Fiscalía contra los comicios por considerar que es un atentado contra la voluntad popular.
El Ministerio Público, al mando de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha buscado desde julio procesar judicialmente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también ha intentando suspender jurídicamente al Movimiento Semilla.
Por su parte, Arévalo de León ha denunciado públicamente, desde el 1 de septiembre, que Porras Argueta encabeza un intento de “golpe de Estado” para evitar que tome posesión de la presidencia el próximo 14 de enero.
El triunfo de Arévalo de León en las urnas tuvo lugar en agosto pasado, en un balotaje donde superó a la ex primera dama Sandra Torres, quien nunca aceptó públicamente su derrota.
