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POR TANIA HIDALGO
En los últimos seis meses han sido incautadas por la fiscalía del Distrito Nacional más de 800 tragamonedas, de acuerdo con un informe suministrado ayer por la institución.
Las incautaciones se hicieron mediante operativos practicados en colmadones, centros comerciales y lugares de expendio de bebidas alcohólicas de la capital, en los cuales participaron más de 20 fiscales adjuntos.
La fiscalía informó que esta medida forma parte de una campaña contra los juegos de azar bajo el entendido de que la instalación de tragamonedas sólo está autorizada en los casinos de juegos.
Los operativos son coordinados por el fiscal adjunto Adolfo Feliz.
No obstante, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo proyecto de ley que autoriza la instalación de máquinas tragamonedas en las bancas deportivas, el cual fue observado por el presidente Leonel Fernández y devuelto a la Cámara baja.
Ese proyecto extiende el horario de los casinos y exonera a los dueños del pago de los impuestos establecidos en el Código Tributario, creando un privilegio frente a los demás negocios.
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández, expresó que hará todo lo que esté a su alcance, para evitar el incremento de la instalación de máquinas tragamonedas.
De con acuerdo Hernández Peguero, ese proyecto de ley es violatorio al artículo 8 de la Constitución que establece como una de las finalidades del Estado adoptar normas que combatan «los vicios sociales con medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y organizaciones internacionales».
Precisó que el país requiere de que sus instituciones y líderes políticos busquen soluciones inmediatas a los graves problemas de la educación, la seguridad ciudadana, la fragilidad de la familia y el respeto de los derechos de las mujeres.
Agregó que cientos de ciudadanos organizados a través de los Voluntariados de Apoyo a las Fiscalías Barriales, le han pedido que continúe la lucha en contra del establecimiento legal de las máquinas tragamonedas, lo que se comprometió a asumir en su condición de ciudadano y funcionario responsable.
