La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que ratificó el archivo definitivo a las investigaciones de corrupción, lavado de activos y otros delitos contra el exsecretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.

Reynoso sostiene que tal decisión violenta normas y principios fundamentales de la Constitución dominicana y del Código Procesal Penal.

“Establecer como válidos los argumentos a todas luces contrarios a los principios de lógica elemental y razonabilidad, sería asumir una posición complaciente, pasiva e irresponsable frente a los casos de corrupción”, dijo Reynoso a través de una nota de prensa.

La decisión de confirmar la nulidad de las investigaciones contra Díaz Rúa, por supuestas violaciones a sus derechos fundamentales, fue adoptada con los votos a favor de los magistrados Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, y dos disidentes de Miriam Germán Brito, presidenta y Esther Elisa Agelán Casasnovas, quienes consideraron que dos de los argumentos que se utilizaron para el archivo del caso no eran suficientes fundamentos y que la decisión podía ser casada.

Reynoso sostuvo que es evidente que la decisión de recurrir contribuye a lo que denomina “La jurisprudencia de la corrupción”, ya que la misma ha violentado jurisprudencias, doctrinas, leyes, pero sobre todo la Constitución dominicana.

Hay jueces honestos. Dice que los votos disidentes demuestran que hay jueces honestos y responsables, “que han asumido su rol con la dignidad y la fortaleza que el caso ha requerido, como lo evidencia los votos disidentes de las honorables juezas de carrera que integran la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia”, destacó Reynoso.

Indicó que cada actor en el sistema de justicia debe asumir la responsabilidad de sus decisiones.

Enfatizó que la Fiscalía no dejará de jugar su rol, porque la justicia haya dictado una sentencia manifiestamente improcedente.

Los jueces justificaron que la acción no fue legalmente promovida, toda vez que la parte persecutora violentó los derechos fundamentales del imputado, al tomar medidas precautorias que afectaron su patrimonio, sin darle participación a este, y este enterarse por los medios de comunicación.

Cuando la Fiscalía inició la investigación en el 2013, dijo que se trataba de sumas millonarias que se habrían obtenido a consecuencia de actos de corrupción contra el patrimonio dominicano.