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San José, (AFP).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Costa Rica pidió el viernes a un tribunal penal, una condena de 24 años de cárcel para el ex presidente Rafael Angel Calderón (1990-1994), acusado de los delitos de peculado y corrupción junto a otras siete personas.
Calderón enfrenta un proceso judicial por haber recibido regalías ilegales, junto a los otros imputados, por una transacción entre la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la compañía finlandesa Instrumentarium Medko Medical, por 39,9 millones de dólares.
El dinero de la transacción provino de un crédito del gobierno de Finlandia a la CCSS en cuya aprobación intervinieron Calderón y otros acusados, los cuales se repartieron 9 millones de dólares en comisiones, según la Fiscalía.
Calderón, líder del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y virtual candidato presidencial para las elecciones de febrero de 2010, habría presionado a los diputados de esa agrupación en la Asamblea Legislativa para que aprobaran el empréstito finlandés a inicios de la presente década.
La Fiscalía aseguró en sus conclusiones que Calderón y varios de los procesados distorsionaron las solicitudes de equipo que requerían varios hospitales para adecuarlas a las ventas que precisaba concretar la empresa finlandesa.
Las regalías, que incluyeron a funcionarios públicos y privados, habrían sido depositadas en cuentas bancarias en Estados Unidos y Panamá en distintas ocasiones.
Otros imputados en el juicio, que se inició hace nueve meses y en el que declararon casi 150 testigos, son Eliseo Vargas, Gerardo Bolaños y Juan Carlos Sánchez, que ocupaban altos cargos en la CCSS.
También figura Walter Reiche Fischel, presidente de la empresa costarricense por medio de la cual se hizo la compra y distribución del equipo.
Para todos ellos, la Fiscalía pidió también 24 años de prisión por los delitos de peculado y corrupción.
A mediados de junio y en medio del proceso judicial, Calderón anunció su candidatura a la Presidencia para los comicios de febrero de 2010, aunque una eventual condena le impediría su postulación, pues la Fiscalía ha pedido que se inhabilite a los acusados para ocupar cargos públicos por al menos 15 años.
