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SANTIAGO. La Procuraduría Fiscal de Santiago condenó hoy la decisión emitida por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta provincia en el caso de Willian Francisco Henríquez Gómez, acusado de agredir a trompadas a un fiscal durante la audiencia donde el Magistrado Otto Soriano consiguió la imposición de una pensión en alimentos en contra del acusado y en beneficio de sus tres hijos menores de edad.
Según la Fiscalía, el acusado, sin mediar palabras le cayó a trompadas al fiscal actuante.
El Tribunal impuso como medida de coerción la obligación de presentarse periódicamente, someterse al cuidado y vigilancia de una persona así como una garantía económica.
La Procuradora Fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, declaró que la preocupación del Ministerio Público, va más allá de lo que se podría entender como un caso de agresión física y la inconformidad ante una decisión.
«No obstante, como respetuosos de la ley llevaremos nuestro descontento por la vía del recurso de apelación, indicó.
Agregó que este caso podría desencadenar acciones muy peligrosas en dimensiones mayores, que atentarían contra cualquier otro miembro del Sistema de Justicia Dominicano.
En este sentido, recordamos con pesar el asesinato de Giovanni Falcone en el año 1992, como represalia a su lucha contra la mafia y el crimen organizado. Por lo tanto, entendemos que el cumplimiento de una labor en materia de persecución penal, debe estar revestida de cierta garantía y protección institucional, aclaró.
Apelarán sentencia. Al efecto, la Procuraduría Fiscal de Santiago presentará su inconformidad mediante el uso de la vía recursiva (recurso de apelación), entendiendo la peligrosidad del mensaje enviado por esta decisión, que en todo caso pone en riesgo la integridad de cualquier miembro del Ministerio Público, en el ejercicio de su función como órgano acusador.
Liranzo observó que la decisión en cuestión, llena de desconcierto a todo el cuerpo del Ministerio Público, pues el rol que desempeña este órgano del Sistema de Justicia, se orienta a la preservación de los derechos de los ciudadanos y a la persecución de acciones delictivas, más ahora con el riesgo de ser igualmente vulnerados los suyos propios, por los infractores de la ley.
