Hoy 
El Ministerio Público también solicitó seis años de prisión para Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa, además de multas millonarias, por el alegado fraude a Baninter
POR TANIA HIDALGO
El Ministerio Público solicitó ayer al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenar a 20 años de prisión y una multa de dos millones quinientos mil pesos a Ramón Báez Figueroa y Luis Alvarez Renta, cada uno, por alegadamente haber incurrido en ocultamiento, adulteramiento, abuso de confianza y lavado de activos, a través del Banco Intercontinental (Banínter), provocando la quiebra de esa entidad bancaria.
En tanto, el procurador adjunto Francisco García pidió una pena de seis años de prisión para Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa, así como el pago de una multa de un millón quinientos mil pesos y un millón de pesos, respectivamente.
El pedimento fue hecho en representación de la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Persecución Administrativa, en la persona de su director Octavio Líster y del procurador adjunto Danny Germán Villalona.
En cuanto al coimputado Marcos Báez Cocco, las autoridades del Ministerio Público solicitaron al tribunal declararlo culpable y fijar el día y la hora del debate sobre la pena (juicio sobre la pena) que, de acuerdo con el artículo 349 del Código Procesal Penal no puede celebrarse ni antes de diez días ni después de 20 días, para una vez allí iniciar los debates en torno a la pena que este tribunal habrá de imponer, todo en cumplimiento con la sentencia dada por el propio tribunal el 15 de septiembre de 2006, que acogió la solicitud de división del juicio promovido por dicho imputado, a través de su abogado Tony Delgado.
De acuerdo al expediente, los procesados son acusados de cometer un fraude en la quebrada entidad bancaria, ascendente a 55 mil millones de pesos.
El juicio de fondo contra el grupo fue iniciado en abril del año pasado. Su sometimiento a la justicia se produjo en mayo de 2003.
Al escuchar el dictamen del Ministerio Público, familiares de algunos de los imputados presentes en el tribunal no pudieron contener la tristeza y las lágrimas rodaron por sus rostros.
ORDEN DE DECOMISO O CONFISCACION
Asimismo, el procurador adjunto Francisco García solicitó al tribunal disponer el decomiso y la confiscación de todos los bienes, productos e instrumentos relacionados con el hecho punible que ha sido juzgado, los cuales fueron incautados, secuestrados e inmovilizados mediante actas de incautación del 15 de mayo de 2003, entre los que figuran Intercontinental de Medios, RNN (canal 27), Radio Supra, Radio Cielo, Circuito Comercial, Isla Visión (canales 53 y 57) y Aster Comunicaciones.
Además Medcon S.A., Telecentro, Aeronave Bell 206B, matrícula N919; Aeronave Augusta Spa 109C, matrícula N43TC; Relliance Wachman, S.A., Casa del Faro número 20, la jeepeta Lexus negro, modelo LX470, placa GBL 994, la miniban Hiunday H100 blanca placa JA/-5955 y Radio Mil.
Contrario a lo esperado por la parte civil constituida, la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa excluyó de su pedimento de confiscación y decomiso al matutino Listín Diario.
MEDIDAS DE COERCION
Otros de los pedimentos formulados por las autoridades es que el tribunal tenga a bien confirmar las medidas cautelares o de coerción que hayan sido dictadas en contra de éstos, y agregar contra todos impedimento de salida del país sin previa autorización del juez, al amparo de las disposiciones de los artículos 226, 1 y 306 del Código Procesal Penal, en razón de que en la especie están presentes los presupuestos contenidos en los literales 1, 2 y 3 del artículo 227 de la misma legislación.
FALTO UNA FIRMA
En el documento mediante el cual el Ministerio Público hace constar la solicitud de las condenas a los imputados y petición de decomiso e incautación de bienes no figura la firma del fiscal especial para fraudes bancarios Daniel Germán Villalona, quien también forma parte de los procuradores adjuntos que representan el caso en el tribunal.
Las únicas firmas que figuran son la del director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, Octavio Líster y la de García. El nombre de Miranda Villalona aparece, pero sin su rubrica.
Según versiones ofrecidas a HOY, en la mañana se produjo una reunión entre un alto funcionario del gobierno y Líster en la cual se acordó dejar fuera al Listín Diario.
Imputaciones a Luis Álvarez Renta
El procurador adjunto Danny Germán Villalona abordó la alegada violación a la ley de lavado de activos por parte de Báez Figueroa, Báez Cocco, Alvarez Renta y Troncoso Ferrúa.
Explicó que Alvarez Renta y Báez Figueroa crearon una arquitectura societaria mediante la cual controlaban las empresas Bank Invest (instrumento para la sustracción), Interduty Free (instrumento de lavado) y Anoe (instrumento de simulación, ocultamiento y legitimación del producto), siendo la víctima otra sociedad de tipo financiero: el Banco Intercontiunenal (Baninter), cuyos recursos eran nutridos por los depósitos de los ahorrantes.
En su discurso de conclusón, los procuradores adjuntos solicitaron variar la calificación de lavado de activos dada a la acusación formulada contra el financista, a fin de que se incluyan los literales a y b del artículo 3 de la Ley de lavado de activos, en adición al literal c del mismo artículo, por el cual el imputado fue enviado a este juicio de fondo.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional es presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía e integrado además por Pilar Rufino y Yissel Méndez.
PARTE CIVIL
Pasada las 3:00 de la tarde, inició su ponencia la parte civil constituida, integrada por la Superintendencia de Bancos, el Banco Central y el Banínter en liquidación, por medio de sus abogados Ramón Pina Acevedo, Artagnan Pérez Méndez, Francisco Alvarez (Pancho), Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín, Tomás Hernández, Manuel Sierra, Teobaldo Durán y Francisco Benzán.
Los abogados comenzaron haciendo argumentaciones a los reparos hecho por los abogados de los imputados a algunas de las pruebas incorporadas por el tribunal durante el conocimiento del proceso.
En ese sentido, solicitaron a los magistrados declarar inadmisible las objeciones hechas a las pruebas a cargo incorporada mediante lectura y reconocida por los testigos a quienes les han sido presentada, según consta en acta de audiencia.
De manera subsidiaria, la parte civil pidió que se rechace la petición de exclusión de pruebas por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal.
FASE FINAL CONTINÚA HOY
El tribunal recesó la audiencia para hoy a las 9:00 de la mañana, cuando la parte civil continuará haciendo sus conclusiones y posterior petición de indemnización.
Una vez concluya la parte civil (se estima podría ser el viernes), le corresponde presentar sus conclusiones a los abogados de los imputados, quienes son representados legalmente por Marino Vinicio Castillo Semán, Juárez Castillo Semán, José Antonio Columna, Tony Delgado, Joan Alcántara, Rolando de la Cruz Bello, Reynaldo Ramos y José Mora, entre otros.
Durante todo el proceso, el Ministerio Público incorporó 348 pruebas documentales, una pericial y 21 pruebas testimoniales para probar las infracciones establecidas en los artículos 147, 148 y 408 del Código Penal; el 80 de la ley Monetaria y Financiera (183-02) y 4 y 18 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos.
