Fiscalía solicita prisión preventiva contra el exponente urbano «37/30»

Fiscalía solicita prisión preventiva contra el exponente urbano «37/30»

Hombre en prisión. Archivo.

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva contra el exponente urbano Yeury Lebrón Ramírez, mejor conocido como «37-30», imputado de porte ilegal de armas de fuego, tras serle ocupada, durante un allanamiento en el interior de su vivienda, una pistola marca Glock, con dos cargadores y 66 cápsulas, sin ningún tipo de documentación.

De acuerdo al expediente depositado, el imputado Yeury Lebrón Ramírez (a) 37-30, quien carece de arraigo suficiente para eliminar el riesgo de fuga, ha demostrado conocimiento de la actividad ilícita en la que presuntamente estaba involucrado, específicamente, la posesión ilegal de armas de fuego, según lo establecido en la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La solicitud fue presentada ante la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Elianny Mena Ureña. Sin embargo, la audiencia fue aplazada para darle al imputado la oportunidad de ser representado por su abogado y preparar su defensa adecuadamente.

Mediante la orden de allanamiento No. 0060-marzo–2024, al imputado además le fueron ocupados tres pasaportes, diez celulares, dos computadoras laptop, un DVR, marca Chitech, color negro;  un vehículo marca Honda, modelo CRV, placa G662225, chasis No. 5J6RW1H81KA001624; una motocicleta marca Yamaha, color verde, placa No. K0047511, chasis No. MH33HB0086K275628; tres tabacos, cuatro encendedores, siete sobres de pastillas y cinco pastillas, un bulto marca Coach, color amarrillo y tres matrículas de motocicleta.

Cabe destacar que Yeury Lebrón Ramírez ya enfrenta un proceso legal en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se le acusa de asociación de malhechores y porte ilegal de arma de fuego.

La Fiscalía del Distrito Nacional reafirma su compromiso con el combate a la delincuencia y la protección de la seguridad ciudadana, asegurando el respeto absoluto de los derechos de todas las partes involucradas en el proceso judicial.

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