Fiscalía Venezuela acusa a ejecutivo Peravia por Lavado

Fiscalía  Venezuela acusa a ejecutivo Peravia por Lavado

José Luis Santoro, el principal accionista del quebrado Banco Peravia, quien es acusado en el país de violación a la Ley Monetaria y Financiera, lavado de activos, falsedad de escrituras públicas y otros delitos, fue sometido por el Ministerio Público de Venezuela por alegada legitimación de capital o lavado de activos.Según una nota

de prensa, investigaciones indican que durante los años 2012 y 2014, cuando el imputado se encontraba al frente de las operaciones del referido banco, se produjeron en Venezuela movimientos de dinero por sumas millonarias en diversas cuentas a nombre de este y cercanos, además de la creación de numerosas empresas. Tales movimientos bancarios no pudieron ser justificados por Santoro y los demás implicados.

Santoro salió del país hacía Venezuela días antes de que la Superintendencia de Bancos anunciara la disolución del Banco Peravia y que la Fiscalía del Distrito Nacional presentara cargos contra el grupo, que incluyó a los propietarios iniciales de dicha entidad y otros ejecutivos venezolano.

Pese a las acusaciones que formuló en su contra la Fiscalía este no ha podido ser presentado al país, dado que la constitución venezolana no permite la extradición. Aunque si podían ser juzgados por los mismos delitos.

El abogado César Amadeo Peralta, representante de varios querellantes en el país, indicó que el empresario venezolano fue presentado ante un juez el pasado martes.
Santoro y Gabriel Jiménez Aray, quien era el segundo al mando en el desaparecido banco, abandonaron territorio dominicano el 29 de octubre del 2014. El primero fue capturado en marzo de este año por la Interpol, tras una alerta roja que colocó la fiscalía del Distrito Nacional.

Por el expediente en República Dominicana van a cumplir un año en prisión preventiva Yessenia, Carlos, Nelson y Jorge Serret, Pausides Morales, Nelson Cabral y hasta hace poco el coronel Florentino de Jesús, a quien se le varió la medida por garantía económica.

En tanto que el Ministerio Público local inicia la cuenta regresiva para presentar acusación formal.

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