Las fiscalías barriales de Capotillo y Gualey no cuentan con médicos legistas que puedan certificar la condición física de las víctimas de violencia que llegan a esas dependencias, por lo que tienen que ser referidas a otras fiscalías.
Reporteros de HOY hicieron un recorrido por esas instancias y pudieron constatar que los usuarios son enviados a las fiscalías de Villas Agrícolas y Los Guandules, para poder obtener la certificación. Una vez el especialista entrega el documento, el afectado debe regresar nuevamente a la fiscalía barrial para concluir el proceso de presentación de querella o denuncia contra el agresor o victimario.
Esa situación genera que los usuarios tengan que disponer de un presupuesto adicional para cubrir los gastos de traslado de una dependencia a otra. Esto sin tomar en cuenta la gravedad del estado de salud de los querellantes. Tampoco hay vehículos disponibles que puedan transportar, por lo menos, a las víctimas de violencia intrafamiliar.
Costoso. El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, sostiene que resulta muy costoso tener un médico legista para atender tres o cuatro personas al mes y por eso han optado por asignar los médicos legistas donde se produce el mayor flujo de usuarios. No obstante, se mostró en la disposición de facilitar los recursos económicos a las víctimas de violencia que así lo requieran para poder transportarse de una fiscalía barrial a otra y poder obtener el certificado médico.
En constrate con las declaraciones de Moscoso Segarra, en los meses de enero y febrero la fiscalía barrial de Capotillo recibió 2,347 denuncias. Fue la segunda con mayor número de visitantes. Según los fiscales adjuntos asignados a esa dependencia, la mayoría de las denuncias corresponden a violencia de diversos tipos así como a robo producto del consumo de drogas.
Aquí en Capotillo hay muchos problemas de violencia y nosotros hemos solicitado la asignación de un médico legista, acotó la fiscal adjunta de Capotillo Rosa Leida Medina.
La fiscalía de Capotillo abarca los sectores, además, de los ensanches Simón Bolívar y Luperón.
En tanto, en Gualey, durante los dos primeros meses del año, se registraron 640 denuncias por diversos delitos.
Instalaciones inadecuadas
Las instalaciones en que funcionan tanto la fiscalía barrial de Capotillo como la de Gualey no son las más adecuadas.
En el caso de Gualey, la fiscalía barrial opera en una pequeña vivienda, cuya marquesina fue habilitada como sala de espera. Sólo la mitad del área está techada, por lo que los cambios climatológicos constituyen una amenaza para los usuarios que, en ocasiones, deben esperar para ser atendidos. La fiscalía está ubicada en la calle Oscar Santana número 18, esquina calle Interior. Tiene además tres pequeñas oficinas; una para el fiscal coordinador, otra para la sicóloga y una tercera para asistir los casos sobre violencia intrafamiliar. En esta fiscalía, el fiscal coordinador Gerbarth Pérez rehusó ofrecer declaraciones a este medio de comunicación. En tanto, la fiscalía de Capotillo opera en un pequeño apartamento ubicado en un segundo nivel de la calle Josefa Brea. El techo de la estructura física presenta una serie de filtraciones.
Sin embargo, el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, al ser consultado sobre esta situación, aseguró que en las próximas semanas ambas fiscalías serán reubicadas en otras instalaciones más confortables, en las cuales se pueda brindar un mejor servicio a los usuarios.
No obstante, refirió que los moradores de esos sectores han manifestado su satisfacción por el trabajo realizado en esas dependencias.
Agregó que gracias al trabajo de los fiscales adjuntos, la criminalidad en esos barrios ha disminuido considerablemente.