Tirso Mejía Ricart 
Tirso Mejía-Ricart
La República Dominicana tiene como se sabe un grave déficit institucional que la afecta como nación y que amenaza con retrotraernos a épocas ya superadas en la política, lo económico y lo social.
Lo cierto es que el país está saturado y degradado por la prominencia de delincuentes que campean por sus respectos con crímenes relacionados con la macro-corrupción y la impunidad, el narcotráfico, y en los períodos electorales con fraudes electrónicos, compra de cédulas y votos, sustitución de identidades; y en los colegios electorales manipulación de resultados, sobre todo en locales donde no hay delegados de oposición, estos son comprados, y hasta a veces con la anuencia de la policía electoral.
La única solución para esas tres calamidades es poner en vigencia el art.171 de la Constitución de la República, que se establezcan por ley fiscalías independientes para perseguir esos delitos de lesa patria.
Aclaro: de acuerdo al mencionado canon constitucional, le corresponde al Presidente de la República designar al procurador general y la mitad de sus procuradores adjuntos, pero en la parte “in fine” de dicho artículo dice:“La ley dispondrá la forma de designación de los demás integrantes del Ministerio Público”.
Es obvio que cuando se trata de delitos que implican muchos intereses ningún fiscal ordinario está en condiciones de enfrentar a esos delincuentes, en muchos casos apoyados por autoridades gubernamentales o sus agencias anticorrupción y policiales, pues pocos podían soportar el paso de un “papeletazo” millonario, sino funcionarios judiciales a toda prueba para encarar a los grandes traficantes y los casos de corrupción que se descubren por doquier en estos tiempos calamitosos.
Particularmente un procurador adjunto para fines electorales debe contar en el período de elecciones, de fiscales en todas las provincias del país capaces de detener incluso “in fraganti” las “travesuras” que se cometen a veces a pocos metros de los recintos electorales para adulterar los comicios y en última instancia destruir la democracia dominicana y la paz social.
Es hora ya de completar el sistema de justicia que está previsto en la propia Constitución aprobada bajo el patrocinio del PLD en el año 2010, para garantizar transparencia, equidad y justicia en esos problemas de nuestro país; a los que deberá añadirse el de los feminicidios, cuyo ejemplo patético está patente en la tragedia de San Pedro de Macorís; y los casos de abusos y acusaciones falsas de parte de los que deben perseguir los delitos.
Pero de esas posibles fiscalías independientes, la más urgente es la electoral, ya que el poder electoral es desde el punto de vista institucional el primero porque como dijo Eugenio María de Hostos, de ese se desprenden todos los demás poderes en las sociedades organizadas de acuerdo a los principios democráticos, aunque en muchas de éstas son frecuentemente secuestrados por los poderes fácticos…
