Sería difícil convencer a la opinión pública de que es justo crear más impuestos; hasta el hecho mismo de  establecer nuevos gravámenes solo para sustituir otros que por compromisos internacionales deban ser suprimidos tendría poca aceptación pública a menos que las autoridades logren que su acción recaudadora recaiga exclusivamente  sobre ciudadanos de altos ingresos.

La percepción  generalizada en esta sociedad es que el Estado es dispendioso,  poco organizado y vulnerable en la administración de lo que recauda; que lo que al administrador privado y diligente le cuesta cien, al sector público le sale por 300. Cuando se trata de invertir los dineros del pueblo.

Está demostrado –confesado incluso por los propios gobiernos– que las nóminas de los organismos del Estado no paran de crecer, a pesar de que los servicios que prestan no son necesariamente mejores que antes.

Los cambios políticos –la llamada alternabilidad– impulsan cada cuatro años a algún partido hacia la insaciable ocupación de cargos, los que generalizadamente se asignan para llenar las aspiraciones muy personales de activistas,  y no porque realmente exista la necesidad de emplearlos.

La poca racionalidad en el manejo de recursos se da por sentada, aun cuando algunas gestiones de Estado pretendan, en determinadas áreas, hacer las cosas como Dios manda.

Por bien intencionada que esté una administración pública, cada gran partido con vocación de poder obra bajo la poderosa influencia de quienes no cesan de ver al Estado como un botín.

Este deplorable comportamiento de sectores partidarios ha cobrado fuerza y ya incluso se manifiesta con desparpajo en la creación de comisiones especiales para facilitar el acceso de su gente a las estructuras oficiales.

–II–

En este país no se ha logrado que la gente vea al fisco como una función totalmente favorable a la ciudadanía, sino como una fuente de penalizaciones, con frutos que nadie garantiza en su óptimo empleo.

Aun cuando debería ser visto, por definición, como un canal para captar recursos que se devuelven íntegra y provechosamente a la sociedad.

Tremendamente injusto, el régimen impositivo dominicano  descansa casi totalmente sobre el consumo de la gente (y no sobre las utilidades) y este es un país integrado en más de un sesenta por ciento por familias  de ingresos bajos o muy bajos; insuficientes para cubrir idóneamente sus necesidades primarias.

Mientras, las grandes rentas evaden al fisco y los evasores exhiben poder e influencias suficientes como   para rechazar con éxito  los esfuerzos por cambiar las cosas.

El gobierno tiene por delante la difícil tarea de hacer transparentes sus gastos e inversiones; y tiene también que ganarse el respaldo de la ciudadanía  para dotar al país de un sistema impositivo que no encarezca los costos de la producción ni los de la vida y que no atente contra los ahorros que en toda sociedad organizada son un factor clave para el crecimiento y el desarrollo.