FJT cree que se busca aplacar caso de los Tucano

21_08_2016 HOY_DOMINGO_210816_ El País3 A

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) declaró que el Ministerio Público, por intermedio del nuevo procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, está compelido a sentar un precedente con el caso de los aviones Tucano y manifestó que la liberación de los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez y del exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, envía a la población una señal de que se busca aplacar el tema.

Miguel Angel Reyes, director ejecutivo de la entidad, manifestó que se ha puesto a correr la especie de que varios implicados en el caso han recibido con beneplácito el nombramiento del actual procurador.

También advirtió que la puesta en libertad de los imputados, sin más condiciones que un impedimento de salida, pone en peligro muchas pruebas que podrían ser eliminadas y que además les posibilita urdir todo tipo de maniobras para abstraerse de las consecuencias de los actos que se les imputan.

Se quejó de que el criterio jurídico de que la prisión preventiva debe ser la excepción se reserva en el país para los casos en los cuales los imputados son ciudadanos de cuello blanco.

“El caso Tucano es emblemático y debe constituirse en un punto de inflexión entre lo que se ha denominado una jurisprudencia de la impunidad y de la indiferencia en los casos de corrupción y se debe aprovechar para imponer un nuevo arquetipo del accionar de la justicia dominicana tendiente a garantizar una mejor administración de justicia” apuntó.

Exigió que a estos imputados privilegiados se les dé el mismo tratamiento que a todos los acusados por violar la ley 72-02 sobre Lavado de Activos y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, los artículos 265 y 266 del Código Penal, por asociación de malhechores; violación a la Ley 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión; y violación a los artículos de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada y Patrimonio, entre otros.

Por el caso solo el coronel Carlos Piccini fue enviado a prisión, mientras que al exministro Pedro Rafael Peña Antonio y a los empresarios les impusieron presentación periódica e impedimiento de salida.